La obra social de la UNLaR transita un tormentoso proceso de normalización, sin vista de una resolución pronta y concreta. Se hace menos probable el encausamiento del conflicto en un año en el que la Casa de Estudios irá a las urnas, y desde los distintos sectores en puja cruzan acusaciones sobre el interés del manejo discrecional de los fondos de la OSUNLaR.
La Obra Social de la Universidad Nacional de La Rioja atraviesa una prolongada crisis que no muestra una inmediata resolución.
Desde hace casi un año, la entidad padece un sinuoso proceso de cambio de autoridades, presentaciones judiciales, acusaciones entre los distintos sectores políticos y entre la propia gestión rectoral.
En lo reciente, el pasado 5 de marzo, el rector Daniel Quiroga declara “disolver parcialmente del Consejo Directivo de la Obra Social de la Universidad Nacional de La Rioja” y “convocar a elecciones para integrar el Consejo Directivo de la OSUNLaR, la que deberá formalizarse dentro de los treinta días de la presente”.
Asimismo, Quiroga asumió “la condición y facultades de intervenir la Obra Social de la Universidad Nacional de La Rioja hasta que, integrado el Consejo Directivo de la misma, (…) se designe al Presidente”.
Al día siguiente a dicha Resolución Rectoral, se reunió el Consejo Directivo de la OSUNLaR, oportunidad en la que se resolvió elegir y designar como vocal reemplazante titular de Presidencia a la docente Graciana Nagel, “hasta tanto se resuelva la situación de su presidenta, Cra. María del Carmen Corzo, o hasta la finalización del periodo institucional prevista para el 29 de setiembre de 2024 (lo que ocurra primero)”.
En la misma sesión, se decidió elegir y designar como vocal reemplazante suplente de Presidencia, a Leonardo Forneris, y como responsable del Área Legal y Técnica de Presidencia a Alejandro Nievas Castro. Ambos, en las mismas condiciones y tiempos que la nueva presidenta.
Al mismo tiempo, la vicerrectora (ex presidenta de la OSUNLaR), Marita Corzo, acusó al Rector de desconocer “la voluntad del Consejo Superior de normalizar la conducción de Osunlar con consejeros electos conforme a las normas estatutarias” y dio a conocer que “la Secretaria Legal y Técnica de la UNLaR (Malvina Vilte), a raíz de su ilícita intervención de OSUNLaR, fue imputada penalmente por el delito ‘usurpación de autoridad’”. Consecuentemente, Corzo advirtió que pedirá que se “cite a declaración indagatoria y se avance con la instrucción de la causa” y que presentará la misma solicitud para “con quienes intenten cumplir funciones de ‘interventores’ sin el correspondiente refrendo del Consejo Superior”.
Entre tanto, horas antes, las y los decanos de las fuerzas opositoras FACU+ y FIR habían negado haber acordado con Quiroga el avanzar en un nuevo intento de intervención, algo que desde la propia UNLaR se había comunicado oficialmente como un hecho.
Resta saber qué postura adoptará el Consejo Superior tras las recientes decisiones rectorales, teniendo en cuenta que, en la última sesión, desarrollada el pasado 29 de febrero, ya se había rechazado el intento de intervención de la obra social.
El máximo órgano de gobierno universitario se reúne sobre el cierre de cada mes (salvo que se llame a sesión extraordinaria), por lo que la incertidumbre continuaría hasta los últimos días de marzo, al menos.
Del Consenso al disenso
El prolongado e irresuelto conflicto de la casa de altos estudios se destapó hace un año atrás cuando la sociedad político-institucional entre Quiroga y Corzo se fracturó definitivamente con escenario en la obra social universitaria.
El 28 de abril de 2023, el consejo directivo de la obra social destituyó a su -por entonces- presidenta Marita Corzo, con el argumento de administración irregular de fondos y manejo discrecional de becas. En su lugar fue designada la trabajadora nodocente Ana Laura Toro. Asimismo, se nombrada como síndica a la docente Liliana Ortiz Fonzalida.
Desde entonces, el conflicto se trasladó a la justicia local y federal, con serias denuncias entre las máximas autoridades académicas.
Uno de los episodios de mayor tensión se registró el 30 de junio del año pasado, cuando por orden de la justicia local, fueron allanadas las oficinas de OSUNLaR en el Hospital de Clínicas. Desde la entidad afectada denunciaron que el proceder judicial fue “ilegal”, “irregular” y “violento” y apuntaron contra el juez Daniel Barría y contra Corzo.
Transcurrido casi un año, hubo cuatro intentos de convocatoria a elecciones, lo que no puedo concretarse en ningún momento. Las responsabilidades se cruzan en acusaciones de uno y otro lado, sin definiciones concretas.
Además, la oposición a la gestión rectoral cuestiona que los informes sobre el funcionamiento de la obra social avalaban el funcionamiento de la misma hasta el cierre de 2023, pero iniciado el nuevo año, repentinamente, se determinó la necesidad de intervenir la misma.
Mientras tanto, en la presente semana trascendieron denuncias de los afiliados sobre deficiencias en la prestación del servicio por parte de la OSUNLaR.
