La admisión de Ricardo Quintela y Victoria Tolosa Paz como querellantes fortalece una investigación que pone en el centro una pregunta incómoda: ¿qué pasó con los recursos que los argentinos pagan para sostener la infraestructura vial? En La Rioja, mientras obras estratégicas permanecen paralizadas, la Provincia debió asumir con fondos propios tareas que corresponden al Estado nacional.
La Justicia Federal dio un paso que puede resultar decisivo para esclarecer el destino de los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11 admitió como querellantes al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, en la causa CFP 3960/2026, que investiga el manejo de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles destinados a la infraestructura vial.
La decisión permite a ambos participar activamente del expediente, aportar documentación, solicitar medidas de prueba e impulsar la investigación sobre el destino de los recursos y las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.
Y el planteo merece ser tomado con seriedad.
Porque si existe un impuesto que tiene una finalidad específica vinculada al mantenimiento y desarrollo de las rutas, resulta razonable que la sociedad conozca con precisión cuánto se recauda, cuánto se ejecuta, dónde se invierte y qué ocurre con el dinero que no llega a las obras.
Más de un billón de pesos bajo la lupa
De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 el SISVIAL habría recaudado aproximadamente $1,5 billones, mientras que unos $394.406 milloneshabrían sido destinados a infraestructura vial.
Según la denuncia, esto implicaría una subejecución del 73,8%, mientras que más de un billón de pesos habría permanecido colocado en títulos públicos y plazos fijos.
La legalidad de estas operaciones deberá ser determinada por la Justicia. Pero la pregunta política y social es inevitable: si los argentinos pagan un impuesto destinado a las rutas, ¿por qué esos recursos no se traducen en rutas, mantenimiento y obras?
No se trata simplemente de una discusión contable.
Una ruta deteriorada significa más riesgos para quienes la utilizan, mayores costos logísticos para los productores, dificultades para el turismo y el transporte, y menos posibilidades de integración para las provincias alejadas de los grandes centros económicos.
Por eso, investigar el destino de esos fondos no debería ser interpretado como un obstáculo para el orden fiscal. Por el contrario: la transparencia en el uso de los recursos públicos también forma parte de una administración responsable del Estado.
La Rioja, entre obras paralizadas y rutas deterioradas
El reclamo de Quintela adquiere especial relevancia por la situación de distintas obras nacionales en territorio riojano.
Entre ellas se encuentra la pavimentación del Paso Internacional de Pircas Negras, sobre la Ruta Nacional 76, una obra estratégica para el Corredor Bioceánico que permitiría fortalecer la conexión entre el centro y norte argentino, Chile y los puertos del Pacífico. El proyecto había alcanzado un avance del 77,48% antes de quedar paralizado.
También se encuentran paralizadas obras de la nueva Ruta Nacional 73, que conecta La Rioja con Chilecito, cuyos distintos tramos presentaban avances del 88,96% y 64,25%.
A esto se suma el túnel y ensanche de la Ruta Nacional 75, en la zona de Los Sauces, que había alcanzado un 73,96% de ejecución.
Son porcentajes que hacen todavía más difícil comprender el abandono.
Cuando una obra pública está prácticamente terminada, detenerla no solamente significa postergar una mejora: también implica poner en riesgo la inversión realizada y demorar durante años los beneficios que esa infraestructura podría generar.
Cuando las provincias terminan pagando lo que debería pagar la Nación
Uno de los aspectos más preocupantes del reclamo es que La Rioja sostiene que debió utilizar recursos propios para atender corredores cuya conservación corresponde al Estado nacional.
El caso de la Ruta Nacional 76 es especialmente ilustrativo: ante la falta de renovación del convenio con Vialidad Nacional, la Provincia debió afrontar tareas de mantenimiento para evitar que el corredor quedara completamente desatendido.
Aquí aparece una cuestión de fondo que excede a La Rioja.
¿Hasta dónde pueden las provincias reemplazar con sus propios recursos las obligaciones nacionales?
Cada peso que una provincia destina a una ruta nacional es un peso que deja de utilizar para caminos provinciales, viviendas, hospitales, escuelas u otras necesidades locales.
Por eso, el reclamo de Quintela no debería ser reducido a una disputa política entre un gobernador y el Gobierno nacional. Hay detrás una discusión concreta sobre el federalismo y sobre quién debe hacerse cargo de las responsabilidades que establece la legislación.
El mismo reclamo aparece en Buenos Aires
La presentación de Tolosa Paz amplía el alcance territorial de la investigación e incorpora obras estratégicas paralizadas en las rutas nacionales 3 y 5, corredores fundamentales para la producción y la logística bonaerense.
Entre los proyectos mencionados aparecen la autopista Mercedes-Suipacha, la autopista entre San Miguel del Monte y Gorchs y la travesía urbana de Mercedes.
En conjunto, esas obras contemplaban originalmente una inversión superior a los $23.000 millones, con proyectos vinculados además a financiamiento de la Corporación Andina de Fomento.
La situación muestra que el problema no se limita a una provincia.
La discusión sobre el SISVIAL atraviesa distintas regiones del país y pone en debate el destino de recursos que se recaudan a nivel nacional con una finalidad determinada.
La denuncia merece avanzar
Hay algo saludable en que esta discusión llegue a la Justicia: los números pueden y deben ser comprobados.
Si los fondos fueron utilizados correctamente, corresponde que eso quede demostrado. Si existieron desvíos, colocaciones financieras incompatibles con la finalidad del sistema, incumplimientos o responsabilidades administrativas y penales, también deberá determinarse quiénes fueron responsables.
Lo que no debería ocurrir es que una cuestión de semejante magnitud quede reducida a una pelea política o a declaraciones cruzadas.
La infraestructura vial no es un lujo. Es una condición básica para producir, trabajar, viajar, comerciar e integrar un país extenso como la Argentina.
Y cuando se recauda dinero específicamente para sostener esa infraestructura, la sociedad tiene derecho a saber dónde está.
La decisión de admitir a Quintela y Tolosa Paz como querellantes, en ese sentido, constituye una buena noticia para quienes reclaman mayor transparencia sobre los recursos públicos. La investigación debe avanzar, con todas las garantías legales y sin prejuzgar responsabilidades.
Pero también con una premisa elemental: el dinero que se cobra para mantener las rutas debe llegar a las rutas.
Porque no hay equilibrio fiscal que pueda presentarse como un éxito si para alcanzarlo se deteriora la infraestructura, se paralizan obras estratégicas y se obliga a las provincias a asumir gastos que corresponden al Estado nacional.
El debate, finalmente, no es solamente cuánto se gasta.
Es qué país se construye con los recursos que pagan todos los argentinos.
