Se trata del hecho que adquirió relevancia pública en la provincia de La Rioja, conocido como caso ‘Arcoiris’ o ‘M’. Como desprendimiento del mismo, la comunicadora social Manuela Calvo llevó adelante una investigación sobre la problemática de abuso sexual infantil (ASI). Actualmente, por disposición de la Justicia, la profesional no puede manifestarse ni hacer declaraciones públicas sobre la causa; y, además, en contra de lo que prohíbe la Constitución Nacional, se censuró un corto de ficción de su autoría antes de que se estrene, tras ser seleccionado en un concurso de producciones audiovisuales impulsado por las áreas de Turismo y Culturas de la provincia.
El caso sin resolución
Entre el 2018 y el 2019, Delfina Silva Zarranz -madre de ‘Arcoiris’- radicó dos denuncias contra su ex suegro acusándolo de abusar sexualmente de su propia nieta, a los dos años de edad. A partir de ahí se dio inicio a un proceso de investigación con análisis de pruebas y testimonios relacionados al hecho denunciado.
Luego, tras un revés judicial se le impidió a Zarranz y a su familia tener contacto con la niña por un extendido lapso de tiempo; resolviendo la jueza a cargo de la causa otorgar la custodia de la niña a su progenitor, a pesar de que se dio a conocer que las pruebas de las dos cámaras Gesell reconocieron signos de abuso y de que ‘Arcoiris’ podría establecer contacto con el hombre denunciado.
En el fallo de la justicia se argumentó que fue a favor de Vergara (padre de la menor), entregándole la tenencia de la niña, ya que la madre impedía el contacto hija-padre; mientras que, paralelamente, en declaraciones públicas, la madre aclaraba que la decisión de dejar de enviar a su hija a la casa paterna se debía a que la niña le contó lo que padecía cuando tenía contacto con su abuelo, además de que el acusado compartía domicilio con el progenitor.
Posteriormente, la justicia dispuso un régimen de tenencia compartida que implicaba que la menor estaría siete días con la madre y siete días con el padre. Pero, en ese contexto, Zarranz habría informado oportunamente al juzgado correspondiente que al momento de ir a la casa de su padre la menor se niega por lo que decide mantenerla con ella. A consecuencia de esta acción, la abuela materna de ‘Arcoiris’ denunció por violencia de género a Vergara luego de que este la agrediera cuando circulaba junto a la niña en la vía pública, para arrebatársela y llevársela con él; impidiendo, nuevamente, por un considerado lapso de tiempo, el contacto entre madre e hija.
Cuando el caso comenzó a alcanzar mayor relevancia social, diferentes organizaciones, como Red Infancias Robadas, Aralma, Red Viva, entre otros movimientos locales y nacionales que denuncian y luchan contra casos de ASI, manifestaron su acompañamiento a la familia materna de ‘Arcoiris’ y repudiaron la inoperancia con la que, en la mayoría de los casos, se manejan los organismos encargados de garantizar los derechos y el bienestar de las niñas y niños. Además, se conformó un grupo bajo el nombre “Justicia por Arcoiris” que, hasta ahora, acompaña la causa.
En ese marco, también se pronunciaron sobre el hecho instituciones públicas de la provincia, entre el que se destaca el comunicado emitido desde la Secretaría de la Mujer y Diversidad de La Rioja -en ese momento a cargo de la actual diputada provincial Lourdes Ortiz- donde se consideró que “esta situación, es un ejemplo entre tantos, que dejan en evidencia la necesidad urgente de una reforma judicial con eje transversal en las violencias por motivos de géneros, y las demandas del movimiento feminista en perspectiva de derechos humanos”. Como así también, el texto referenciaba la urgencia de dar tratamiento fundamental a cuestiones que suelen presentarse en la mayoría de casos. “Necesitamos un sistema judicial que no revictimice, que no ejerza violencia institucional ni retarde procesos judiciales”, sostiene el comunicado.
Atentado contra el género y la libertad de expresión
Desde el año pasado, la comunicadora Manuela Calvo llevaba adelante una investigación centrada en la problemática que atenta contra la integridad de niños y niñas, como lo es un abuso sexual infantil, que lo convierte en un problema global de salud pública y derechos humanos y que requiere el compromiso de toda la sociedad para contrarrestarlo. Manuela, oportunamente, tomó como objeto de investigación el manejo periodístico sobre el caso ‘Arcoiris’ o caso ‘M’ y las maneras en la que la justicia riojana actuaba ante el hecho denunciado.
Como parte del proceso laboral y profesional que llevaba a cabo la comunicadora, se desprende la realización de un corto de ficción basado en las emociones que atraviesan a las y los sobrevivientes de abuso intrafamiliar; es decir, la pieza audiovisual no consiste en un caso en particular, sino que trata un problema estructural que tiene como núcleo madres protectoras y vinculaciones forzosas.
De hecho, el cortometraje denominado “Sin Voz” fue seleccionado en el marco del Plan de Fomento a la Creación Audiovisual “Tu Historia Late”, impulsado por la Dirección de Cine del Ministerio de Turismo y Culturas de La Rioja; pero, a diferencia de los otros doce cortos que sí se estrenaron en la pantalla grande los primeros días de febrero, este no pudo ser proyectado debido a que la justicia, ante una denuncia presentada por Matías Vergara, resolvió censurar la pieza audiovisual aludiendo que se trata de cuidar el interés superior de ‘Arcoiris’, aún sin examinar el contenido de la misma.
Tomando conocimiento de la intención comunicativa y reflexiva que se proponía a través del corto haciendo eco de las historias y realidades que se viven en torno a los ASI, la imposibilidad de proyectarlo se puede entender como una forma de contribuir a la invisibilización y/o encubrimiento de un delito que se practica desde hace siglos. Además de tratarse de una decisión judicial que vulnera el artículo 14 de la Constitución Nacional (que prohíbe expresamente la censura previa) y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (que sostiene que el derecho a la libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores).
Por otra parte, como si no alcanzara una censura anticonstitucional, la periodista recibió un bozal legal que le impide difundir, hablar, postear, comentar, o manifestarse sobre el caso ‘M’. Asimismo, fue intimada a dar de baja alrededor de diez contenidos de sus redes sociales referidos a la causa, y fue advertida de la posibilidad de pagar una multa de 50 mil pesos si desobedece las restricciones que se le establecieron; como así también le anticiparon que podría abonar 5 millones de pesos por daños y prejuicios. Todo esto, sin brindarle la posibilidad de derecho a defensa o descargo ante la ley.
Esta imposición judicial deja al descubierto que, puntualmente, se pretende censurar el trabajo profesional que vino llevando adelante esta comunicadora, debido a que hay otros sitios periodísticos que abordaron la causa ofreciendo detalles minuciosos del caso ‘M’, transgrediendo el propósito de la justicia de cuidar el interés superior de la niña.
Tal es el caso del sitio Agencia Nova – Noticias de la Argentina y el Mundo, que realizó informes del caso ‘Arcoiris’, y en uno de ellos expone explícitamente a la menor, dando a conocer datos personales, como su nombre y apellido, e incluso aporta imágenes de un expediente que contiene información morbosa de la causa.
Sin embargo, lo que alarmó a la justicia riojana fue la proyección de un cortometraje de ficción sobre ASI, del cual desconocen -al igual que todas y todos los espectadores que esperaban el estreno de “Sin Voz”- el contenido y el cometido.
Entonces, cabe plantearse si este tipo de acciones judiciales se convierten en un precedente que pone en alerta a la labor periodística y no periodística que se lleva adelante en torno a casos sensibles que atraviesan a toda una sociedad; entendiendo que a partir del grado de involucramiento y/o de la postura que se decida sobre la causa, se pueden desencadenar censuras, hostigamientos y vulneración de derechos.
