La denuncia contra dos magistradas del foro local por el mal desempeño en sus funciones, más irregularidades en un proceso de designación de una jueza transitoria por parte del Consejo de la Magistratura, pone en el centro de discusión el funcionamiento del sistema judicial que tiene como objetivo final la garantía en el acceso a la justicia de la ciudadanía. Por otro lado, plantea interrogantes sobre si los mecanismos institucionales formales para denunciar a quienes no cumplan con función son efectivos si no transcienden a la agenda mediática y las denuncias son casos aislados o parte del sistema pero que no se denuncian. Es que, ante posibles hechos de corrupción, en muchas de las expresiones que se escuchan de la ciudadanía que requiere del servicio de justicia aparecen el miedo a denunciar y en caso de denunciar, que no pase nada.
En la Función Judicial claro está que, como en todos los ámbitos, hay personas que ejercen su rol apegado a las normas, criterios éticos y con la convicción y responsabilidad que pueden tener sus decisiones mientras que otras personas no hacen mas que restarle confianza y calidad institucional tan necesaria para la vida democrática.
El primer escándalo en el que se vio envuelta la Función Judicial fue la publicación a nivel nacional de una investigación periodística de TN y que incluía una cámara oculta. Manuela Saavedra, una comerciante de la ciudad de La Rioja, que tenía una causa por una sucesión, registró por medio de una cámara oculta el intento de cobro de coima judicial por parte de la jueza de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Norma Abate de Mazzucchelli. Saavedra registró por medio de una cámara oculta la conversación con la jueza mientras que le pedía 8 millones de pesos, luego 5 y finalmente le preguntó cuánto podía darle. Tomó contacto con la parte de investigación del grupo de TN y trabajaron conjuntamente con el asesoramiento de Poder Ciudadano para llevar adelante la denuncia.
En un lapso de 48 horas se activaron todos los mecanismos institucionales. Fue denunciada en la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción N° 2 tiene ahora la causa; el Tribunal Superior de Justicia resolvió mediante Acuerdo Extraordinario N°104/24 la apertura del sumario la suspensión preventiva en sus funciones como jueza; el Consejo de la Magistratura dispuso la apertura del Juri de Enjuiciamiento y la Legislatura con el voto unánime del cuerpo rechazó su renuncia y con esta determinación sigue el proceso de enjuiciamiento que está a cargo de una comisión investigadora y acusación integrada por las consejeras Alejandra Oviedo (representante de la Función Ejecutiva), Gabriela Rodríguez (diputada provincial) y Edith Agüero (representa de juezas y jueces). El Consejo de la Magistratura, en el momento de la determinación en contra de la jueza, estaba presidida por la integrante del Superior Tribunal de Justicia, Karina Becerra. Hoy, el organismo constitucional está bajo la presidencia del también Juez Claudio Saúl, quien inició su mandato hasta el 2026. Además, lo integran el asesor General de Gobierno, Pedro Goyochea -en representación de la Función Ejecutiva-, los diputados Antonio Godoy y Nicolás Martínez, y por el Consejo de Abogados y Procuradores está la abogada Ester Broilo.
Abate de Mazzucchelli recusó a dos consejeras, presentación que fue rechazada por el Consejo de la Magistratura. Se trata de la jueza Edith Agüero y la diputada Gabriela Rodríguez. Sobre la primera dijo que “debió apartarse del proceso”. “La Dra. Agüero, amiga de la suscripta, ha compartido mi cumpleaños e inclusive el de mi nieta. Tal era la confianza de la magistrada que, abusando de ella, en reiteradas oportunidades, me ha formulado peticiones sobre expedientes que se tramitaban en mi Sala”, afirma; y menciona “un favor” para un pedido de declaratoria de heredero de una prosecretaria y de un reclamo por alimentos de un sobrino de Agüero.
Respecto de la legisladora por Chilecito, Gabriela Rodríguez sostuvo que “intenta instalarse como funcionaria impoluta” cuando “en una oportunidad le consultó si tenía contactos en la Justicia Federal” por una causa judicial que involucraría a familiares.
Cohecho pasivo agravado
El 27 de mayo pasado, el fiscal Diego Torres Pagnussat promovió acción penal en contra de la jueza de Instrucción de Chilecito, Virginia Illanes, por “el supuesto delito de cohecho pasivo agravado”.
El abogado David Calipo representa a dos ciudadanas que denunciaron a la magistrada por “delitos penales”. “Se le está denunciando por delitos penales, estafa, cohecho pasivo y prevaricato”, sostiene el letrado y considera que la situación de la funcionaria judicial es peor que la de la jueza Abate de Mazzuchelli. “En La Rioja hubo una solicitud de dinero y en este caso se ha probado, a través de las testimoniales, que la entrega de dinero existió”, afirma. Seguidamente, asegura que “hay audios de WhatsApp, captura del mensaje, constancias de transferencias bancarias, testimoniales de las personas que entregaron ese dinero en manos de la magistrada”. Con el inicio con la denuncia, nada más, se acompañaron casi 100 elementos probatorios. La gente no se animaba a denunciar.
Paralelamente, se realizó una presentación ante el Consejo de la Magistratura para poner en conocimiento los errores jurisdiccionales. También presentada por Calipo, se la denuncia porque a Illanes “se les prescriben las causas, se pierden expedientes importantísimos, pierde la jurisdicción y sigue interviniendo igual”. “La situación de Chilecito es grave y más preocupante aún es no tener ningún tipo de respuestas”, expresa el abogado.
El pedido está en el Consejo de la Magistratura y resta saber la determinación del TSJ frente a la promoción de acción penal.
Designación polémica
El Consejo de Abogados y Procuradores presentó un amparo contra el Estado provincial, el Consejo de la Magistratura y la abogada María Cecilia Córdoba que fue designada como jueza transitoria. Solicitó la nulidad de la designación por considerarla una decisión “que pone en peligro los derechos reconocidos en la Constitución”.
La presentación, luego del posicionamiento que hizo público el organismo para cuestionar el procedimiento del Consejo de la Magistratura para cubrir el cargo del Juzgado de Instrucción N° 1 de la Primera Circunscripción. La representante en el Consejo de la Magistratura por el Consejo de Abogados y Procuradores es Esther Broilo.
En ese pronunciamiento, denunciaron que el organismo en una reunión concretada el pasado 10 de mayo, “decidió designar como jueza transitoria del Juzgado de Instrucción Nº 1 de la 1ra Circunscripción Judicial (Capital) a una letrada que no cuenta con los más esenciales antecedentes académicos ni profesionales ni éticos, para fundamentar dicha decisión”. Para ese cargo fue elegida Cecilia Córdoba, quien ahora está de ese juzgado.
“La decisión se tomó sin contar con el curriculum de la letrada a la vista para poder evaluar los méritos para asignarle el cargo”, argumentan. Votaron a favor de la designación de Córdoba: Karina Becerra, Antonio Godoy, Alejandra Beatriz Oviedo y Pedro Goyochea. Quienes apoyaron la determinación dicen que el procedimiento fue correcto.
El Consejo de la Magistratura, que está en la Constitución Provincial, efectúa la selección de todos los jueces y miembros del Ministerio Público para cubrir los cargos vacantes de la Función Judicial; cubre las vacantes que se produzcan de manera transitoria, no pudiendo exceder esas designaciones el plazo de seis meses; puede cubrir los cargos que requieran suplencias temporales, no pudiendo exceder en este caso el plazo de la ausencia.
Además, recibe las denuncias en contra de jueces o miembros del Ministerio Público y decide la apertura del jurado de enjuiciamiento, o la remisión de las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia para que ejerza la superintendencia e imponga, en el caso de ser pasible, las sanciones administrativas que la ley prevea. Somete a jurado de enjuiciamiento al juez que pierda la competencia por más de tres veces al año.
