La vicerrectora, María del Carmen Corzo, se diferenció y cuestionó al rector, Daniel Quiroga, por la implementación de medidas de ajuste. “Manifiesto un total desacuerdo con la inconsulta Resolución Rectoral N° 938”, expresó la segunda autoridad universitaria. También hubo pronunciamientos de distintos espacios políticos y gremios universitarios.
La notificación de la Resolución Rectoral N° 938/22 que promueve un ajuste en las cuentas de la Casa de Estudios sigue generando repercusiones críticas a la medida.
A los pronunciamientos de los gremios nodocente (SITUNDLAR) y docente (SIDIUNLAR), ahora se suma un duro cuestionamiento de la vicerrectora María del Carmen Corzo y de los espacios políticos FACU+ y FIR.
Ruptura en la gestión
Sabido de la implementación de la polémica resolución, la segunda autoridad de la Universidad Nacional de La Rioja publicó en sus redes un crítico documento.
Con el encabezado “En resguardo del cogobierno en la UNLaR”, ‘Marita’ Corzo manifiesta: “en mi función de Vicerrectora de la Universidad Nacional de La Rioja, manifiesto un total desacuerdo con la inconsulta Resolución Rectoral N°938 del 3 de noviembre de 2022, por considerar que dicho instrumento desconoce el contenido de los convenios colectivos de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes de nuestra Casa de Altos Estudios”.
Asimismo, desmiente los fundamentos de la polémica Resolución, por la cual se excusan que las medidas adoptadas responden a un pedido de las autoridades educativas a nivel nacional. “Es mi deber informar a toda la Comunidad que la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación no solicitó ajuste de ninguna índole, sino que acompaña a nuestra universidad en el ordenamiento administrativo y financiero por el cual atraviesan muchas universidades”, asevera Corzo.
“Por todo esto –continúa- expreso firmemente que el acto administrativo de marras debe ser subsanado a la brevedad posible con el fin de dar continuidad al presente ciclo con la mayor normalidad posible”.
Pronunciamientos políticos
De la misma manera, desde el Frente Amplio de Construcción Universitaria advierten que se encuentran “en estado de alerta” y anuncian: “como espacio político ‘FACU’ y representantes de los cuatro estamentos en los diferentes órganos de cogobierno universitario rechazamos la Resolución Rectoral N°938 con fecha 3 de noviembre de 2022 y solicitamos dejarla sin efecto”.
“Apelamos al espacio político ‘Consenso’, responsables del gobierno de la UNLaR (2021-2024), genere los diálogos necesarios para superar el desorden y la zozobra institucional en la que está inmersa la comunidad universitaria”, continúa el texto.
Finalmente, FACU+ remarca: “instamos a las autoridades rectorales al diálogo, a que recapaciten y cesen con estas medidas que van en contra de cualquier derecho consagrado, el Estatuto Universitario, el Convenio Colectivo de Trabajo y del bienestar de la comunidad universitaria”.
A su vez, el Frente de Integración Regional (FIR) “repudia la Resolución Rectoral 938/22 (…) entendiendo que en la misma existe una clara extralimitación y violación de competencia, toda vez que lo resuelto en sus articulados son competencias de Órganos Colegiados como es el Consejo Superior en cuanto a entender o tomar una medida de estas características por una emergencia, de los consejos departamentales en cuanto a las designaciones del cuerpo docente y en el mismo sentido la designación de autoridades de gestión que es una atribución de cada unipersonal en la designación de sus funcionarios”.
“Para el FIR los roles y competencias están claramente identificadas en el estatuto universitario y el apego al mismo es siempre nuestra posición. Esperamos que las autoridades del rectorado recapaciten y puedan llevar claridad a la comunidad universitaria dando marcha atrás a la Resolución evitando incurrir en un avasallamiento institucional. Instamos a las autoridades rectorales a encontrar un camino que le permita a la universidad retomar el sendero de la excelencia, el orden administrativo, económico, político e institucional y el apego a los marcos normativos”, concluye el pronunciamiento.
