El próximo martes autoridades universitarias se reunirán con funcionarios de Educación, a pesar de que hay pocas expectativas de llegar a buen puerto.
Tras la masiva marcha federal en defensa de las universidades, las autoridades académicas sólo recibieron como respuesta oficial la confirmación de una reunión. Los rectores pretenden que se discuta allí cómo terminar con el actual ahogo presupuestario, mientras que el Gobierno busca avanzar en su idea de auditar a las universidades, pero no ya como establece la ley, a través de la AGN, sino directamente desde el Ejecutivo.
Un día después de las marchas multitudinarias en todo el país en rechazo al ajuste a las universidades, los integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solo recibieron una comunicación del Gobierno que los citaba a una reunión para el próximo martes. La invitación a reunirse no generó muchas esperanzas: el Ejecutivo dejó en claro que no piensa revisar el ahogo presupuestario y que, en lugar de eso, los cita para discutir nuevas formas de auditoría sobre las casas de estudios. Es decir: más controles y ningún fondo adicional. Si bien los rectores, los dirigentes docentes y los representantes estudiantiles indicaron a este diario que la movilización del martes excedió todas las expectativas, se mostraron preocupados por cómo sigue el panorama institucional: el Ejecutivo sigue en modo beligerante y el Congreso no trató el proyecto de emergencia universitaria.
La única comunicación por parte del gobierno nacional después de la marcha fue para emplazar a los rectores a que concurran a un encuentro el 30 de abril, a las 11, con los funcionarios de la Secretaría de Educación, que encabeza Carlos Torrendell. La convocatoria, que ya había sido adelantada por el Gobierno, no generó muchas expectativas entre los rectores. Primero, porque el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que la cuestión presupuestaria ya estaba zanjada. Segundo, porque dejaron trascender desde el Ejecutivo que el objetivo no es discutir partidas presupuestarias sino nuevas auditorías, por fuera de las que fija el Congreso a través de la Auditoría General de la Nación. Y tercero, porque Milei continúa con el mismo tono de hostilidad.
Ningún llamado
“El escenario post marcha a nivel de las expectativas superó todo lo que imaginábamos inicialmente. Fue una marcha más contundente que todo lo que podríamos haber deseado”, indicaron desde el CIN, el organismo que nuclea a los rectores universitarios. Destacaron que a las columnas organizadas se sumó buena parte de la ciudadanía, que hubo incluso una recepción positiva de automovilistas y de los vecinos que salían a aplaudir desde balcones o comercios.
La evaluación de los rectores de la respuesta institucional a la demanda social fue mucho más oscuro. “No hubo repercusiones institucionales: en el Congreso no se trató el proyecto de emergencia universitaria, y a nivel de Gobierno hablaron Milei y Villarruel para desacreditar la marcha. No hay nada por parte del Gobierno, más allá de confirmarnos una reunión”, indicaron.
Y dejaron en claro que el temario que buscan discutir los rectores es cómo se actualizan las partidas presupuestarias (las actuales son las votadas a fines de 2022 para el presupuesto de 2023) para afrontar la inflación del último año más la que golpeó en los primeros meses de 2024. Recordaron que el presupuesto universitario está en su mínimo histórico. “Si bien nosotros queremos hablar de presupuesto, en la reunión está claro que ellos quieren hablar de auditorías. Nosotros ya dijimos que las universidades deben ser auditadas, como ya lo son y, según fija la ley, eso es potestad del Congreso”, remarcaron. El Gobierno, en cambio, quiere introducir controles que dependan del Ejecutivo. En este punto, las expectativas con el encuentro en el Palacio Sarmiento están en un mínimo.
Fuente: Página 12
