Dirigentes del Frente de Izquierda y el Frente de Todos rechazaron la medida del gobernador radical de impedir que los jujeños “puedan ejercer un derecho democrático”, amenazándolos con aplicarles “multas y sanciones“.
El Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) de Jujuy y otros dirigentes opositores denunciaron este domingo que el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, emitió un decreto que “avanza en la criminalización de la protesta” al impedir que los jujeños “puedan ejercer un derecho democrático” y “los amenaza con aplicarles multas y sanciones””.
El decreto nº 8464 modificó el artículo 113 de la Ley N° 5860 “Código Contravencional de la Provincia de Jujuy” para “garantizar en forma efectiva los derechos de libre tránsito y circulación”, a la vez que actualiza el régimen de contravenciones y penas para respaldar facultades preventivas y punitivas.
“Este decreto sale justamente cuando hay movilizaciones de la docencia jujeña que viene hace varios días con un plan de lucha en toda la provincia al cual se sumaron diversos sectores no solo de la administración pública”, señaló a Télam la convencional constituyente del FIT-U Natalia Morales.
La referente de izquierda denunció que este decreto “es parte de un accionar del Ejecutivo para impedir esas grandes movilizaciones con sanciones y amedrentamiento lo cual es bastante grave”.
El decreto Nº8464 se conoció en medio de la protesta que llevan adelante los docentes jujeños con un paro por tiempo indeterminado y mañana volverán a movilizarse en reclamo de recomposición salarial y contra la reforma constitucional que, según sostienen los sindicatos que los representan, “quita derechos”.
En su artículo 1º refiere que “serán sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM), quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.
“En estos casos, la fuerza policial deberá intimar a los supuestos infractores para que desocupen el lugar en forma inmediata y permitan el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”, agrega.
También refiere a que cuando los protagonistas hicieren caso omiso a dicha intimación, el representante del Departamento Contravencional, los intimará para que de inmediato procedan a dispersarse para restablecer el orden y la normal circulación vehicular y peatonal.
“Pretenden atacar a los sectores que están en las calles. Además, amenazan con dejar cesante a los empleados públicos, inhabilitarlos, y quintuplican las multas con penas de hasta 8 millones de pesos por ejemplo”, indicó Natalia Morales.
Fuente: Telám
