“Nos somos todos iguales y nos arriesgamos mucho contra el narcotráfico” dijo la fiscal Federal Virginia Carmona, que este jueves ofreció una conferencia de prensa para referirse la grave situación que salpica a la Justicia Federal riojana por el procesamiento y detención del fiscal Martín Román Apóstolo, quien se desempeñaba en la Fiscalía General ante el Tribunal Oral y está acusado de cometer actos de corrupción vinculados con la exigencia de dinero a personas vinculadas al tráfico de drogas a cambio de beneficios procesales, con el ejercicio de su influencia como funcionario de la jurisdicción. El procurador dispuso la suspensión preventiva del funcionario y la apertura de un sumario administrativo.
Carmona aseguro que “hace 20 años que trabaja en la Justicia Federal y ante las sospechas de irregularidades inmediatamente lo puso en conocimiento de la Procuración”. “Desde de marzo de este año no viene a trabajar a la Fiscalía y solicitamos medidas urgentes”, dijo la funcionaria judicial y valoró el trabajo interno de la justicia para llevar adelante el procedimiento. “Ponemos el cuerpo luchando contra el narcotráfico, no somos todos iguales y nos arriesgamos mucho”, aseguró y agregó: “He recibido amenazas de muerte por luchar contra el narcotráfico”. La fiscal también aclaró que no es fiscal sino tenia el lugar de auxiliar fiscal.
El sitio fiscales.gob publicó que el Juzgado Federal de La Rioja dispuso el procesamiento del auxiliar fiscal Martín Román Apóstolo, funcionario de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de esa ciudad, por los delitos de concusión agravada, tráfico de influencias agravado, prevaricato fiscal e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y de otras dos personas que habrían intervenido con él en esos hechos. Del mismo modo, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dispuso la suspensión preventiva del funcionario mediante la resolución PER 1282/23, de acuerdo con las atribuciones y funciones que surgen del Reglamento Disciplinario para funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal de la Nación, y el inicio de un sumario administrativo a cargo de la Secretaría Disciplinaria y Técnica.
En el caso también se ordenó su prisión domiciliaria, atendiendo el riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Finalmente, el equipo de fiscales que interviene en la investigación se encuentra evaluando la relación de los hechos por los que fue procesado Apóstolo con otra investigación previa que registra ante la misma jurisdicción federal de La Rioja por hechos de corrupción.
“Las actuaciones se iniciaron a partir de una comunicación mediante la cual se puso en conocimiento al MPF de una serie de irregularidades llevadas a cabo por Apóstolo, que estaban en principio relacionadas a investigaciones de narcotráfico en su propia jurisdicción. En consecuencia, se dio intervención a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, y se inició una investigación preliminar con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) para profundizar sobre el patrimonio del acusado”, dice el informe.
Esa investigación se acumuló a otro proceso iniciado ante la jurisdicción federal de La Rioja, a partir de la declaración de un imputado colaborador quien, tras el allanamiento de su vivienda y detención, le manifestó a la fiscal a cargo, Virginia Miguel Carmona, tener un “arreglo” con Apóstolo, quien además le había exigido dinero por mantener su prisión domiciliaria. Dada la excusación de los representantes del Ministerio Público Fiscal en la jurisdicción de La Rioja, mediante la Resolución MP 43/23 el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, designó al titular de PROCUNAR como fiscal a cargo del caso, quien la instruye hasta el presente.
En el marco de la pesquisa, se reunió evidencia sobre la comisión por parte de Apóstolo de distintos actos de corrupción vinculados con la exigencia de dinero a personas vinculadas al tráfico de drogas -la mayoría de ellas, detenidas- a cambio de beneficios procesales, con el ejercicio de su influencia como funcionario de la jurisdicción.
Carmona aclaró que tiene una causa penal desde el 2008; y respecto del delito de tráfico de influencias a las personas imputadas que intentaba “beneficiar” no tuvieron efecto porque están condenadas.
