Dirigentes oficialistas cuestionaron el accionar del Poder Judicial ante las versiones de que las pericias de las fuerzas de seguridad fallaron en recuperar la información del celular de Fernando Sabag Montiel. La diputada de izquierda Myriam Bregman se sumó a las críticas.
Funcionarios del Gobierno y legisladores del oficialismo exigieron «respuestas» a la Justicia ante las versiones de que las pericias técnicas de las fuerzas de seguridad habrían fallado en la tarea de recuperar la información del celular de Fernando Sabag Montiel, el hombre detenido por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
«Si realmente pasó esto, parece que nos está cargando el Poder Judicial. Una causa que es conmoción mundial y pasan estas cosas. Esperemos qué respuesta da la Justicia de estas notas que salieron», sostuvo el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, en declaraciones a FM Futurock.
El funcionario se hizo eco de una nota publicada en el diario Página/12 y la agencia Télam que revela que la causa podría estar «al borde de perder una prueba clave» tras intentos fallidos de expertos de la Policía Federal en desencriptar la información del celular del atacante.
También se refirió al tema el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade, que posteó en Twitter la nota del matutino junto a su opinión sobre el tema: «¿Alguna duda que la jueza (María Eugenia) Capuchetti y el fiscal (Carlos) Rívolo están trabajando para encubrir el intento de magnicidio contra Cristina?».
«La mafia de Comodoro Py no puede investigar el atentado. Está en juego la democracia», escribió el legislador en su cuenta de la red social.
Su compañero de bloque Leopoldo Moreau se expresó en el mismo sentido. «¿Cómo es posible que el celular haya sido entregado por el juzgado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en un sobre abierto y sin cadena de custodia? Más que preguntarle a los peritos por su actuación habría que preguntarse cómo el aparato salió del juzgado en esas condiciones», escribió en sus redes sociales.
En tanto, para el abogado Gregorio Dalbón, uno de los letrados de Cristina Kirchner, «todos los que tocaron el celular tendrán consecuencias».
En declaraciones a Futurock, Dalbón aseguró que pedirán entrar a la querella «con un técnico para tratar de analizar si se pueden recuperar los datos del celular», y sostuvo que «en la medida que esto sea cierto va a haber responsabilidad de la jueza, del fiscal y de la Policía Federal».
«Cristina va a entrar como querellante con mi patrocinio. La idea es que descanse este fin de semana y el lunes empezar de nuevo, entrando como querella, que está terminada con algunas sugerencias para que la investigación se amplíe», anunció en la entrevista.
El ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, también se quejó: «Me lleva a hacer un planteo, a incrementar la duda sobre el accionar de la Justicia, de la fiscalía», sostuvo en declaraciones a Futurock, aunque reconoció que no tenía detalles.
«En este caso, la fiscalía tenía la obligación de custodiar ese celular y era sumamente importante. Leí que el celular tenía un sistema de autoborrado, no se si será cierto, si tenía realmente ese sistema es porque había una cosa muy planificada», apuntó.
En el mismo sentido, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman mostró su repudio: «Lo del celular es inadmisible. Cuando asesinaron al genocida Héctor Febres, su computadora quedó en custodia en la Federal. Apareció borrada y no se pudo recuperar nada a pesar de los intentos que hicimos los querellantes; la enviamos a expertos en Francia y tampoco pudieron», recordó.
Por su parte, el presidente del bloque de Diputados de la UCR, Mario Negri, sostuvo desde Twitter que ese partido reclamó el sábado en el Congreso que «se llegue a la verdad y las últimas consecuencias» en el caso, aunque alertó que «la pérdida de información del teléfono del agresor de Cristina, que está en poder de las fuerzas de seguridad federales, es una pésima noticia».
El teléfono celular que portaba Fernando André Sabag Montiel, el agresor detenido por el atentado contra la vicepresidenta, fue bloqueado en uno de los intentos por extraer información por parte de las fuerzas de seguridad, por lo que esa prueba fundamental para la investigación corre riesgo de perderse, confirmaron a Télam fuentes judiciales.
