Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista (Red PAR) expresó su más enérgico repudio al Decreto de Necesidad y Urgencia impulsado por el Presidente Javier Milei y el proyecto de Ley Ómnibus por considerar que avasallan y desconocen derechos adquiridos.
A través de un comunicado la Red PAR aduce que ambas propuestas intentan ser fundacionales, transformar profundamente la Argentina.
“Entendemos que en las elecciones de noviembre del 2023 se eligió a Javier Milei para que sacara al país de la crisis económica. De ninguna manera se plebiscitaron 40 años de democracia ni consensos comunes que estas medidas proponen subvertir”, sigue el escrito.
“Vemos con preocupación el avance de estas propuestas desde el Ejecutivo que disminuyen el acceso de las mujeres y diversidades al derecho de vivir una vida sin violencias, a una salud sexual y reproductiva plena y que además, facilitan la precarización y fomentan condiciones laborales desiguales”.
Desde la Red hicieron pública su preocupación “particularmente por el artículo 1 del proyecto de Ley Ómnibus que delega facultades legislativas en el Poder Ejecutivo Nacional en casi todos los temas. La base de una democracia es el reparto de poderes y el debate parlamentario. De ninguna manera acordamos la supresión del Congreso. Ningún argumento es suficiente para eliminar el debate entre quienes representan la soberanía popular”.
También, dejaron asentado su intranquilidad por la eventual privatización de las empresas del Estado que el proyecto habilita, en especial de los organismos vinculados a la comunicación y la cultura, como el Sistema Público de Medios, entre otros.
“Como periodistas creemos en el derecho a la comunicación como un derecho humano y en la libertad de expresión, garantizada en nuestras normativas, construidas colectivamente y con legitimación de la población argentina”, dicta el comunicado.
Finalmente, La Red PAR expresó que “miramos con preocupación el intento de derogar leyes que atentan contra la libertad y seguridad de las mujeres y diversidades, cuyas consecuencias son la caída de la calidad y esperanza de vida”.
“Para el derecho constitucional, ambas disposiciones constituyen un golpe de Estado: un intento de transformar profundamente la Argentina de manera autocrática, sin debate e imponiendo la posición de un Poder Ejecutivo débil y sin representación parlamentaria”, culmina el anunciado.
