El juez Ariel Bacco -en feria-, de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, determinó otorgarle la prisión domiciliaria al ginecólogo Héctor Lucero, denunciado por dos abusos sexuales con acceso carnal en concurso real.
El magistrado hizo lugar al recurso de apelación presentado por los abogados defensores, Juan Carlos Pagotto y Sergio Gómez, quienes apelaron la resolución de la jueza a cargo del Juzgado de Violencia de Genero y Protección Integral del Menor N° 2, Gisela Flamini, quien dispuso no conceder el beneficio de la prisión domiciliaria solicitada. El pedido de domiciliaria fue por problemas de salud.
“Atento al recurso interpuesto corresponde hacer lugar al beneficio solicitado y revocar la decisión recurrida, otorgando el beneficio de la prisión domiciliaria al Sr. Héctor Nicolás Lucero, de manera excepcional y provisoria hasta tanto se compruebe médicamente la estabilización y adecuada medicación que su patología cardíaca requiere, como así también respecto a la intervención quirúrgica de rodilla derecha a la que debe someterse, conjuntamente con la exigencia de que se cumpla bajo las condiciones aludidas precedentemente”, dice el juez Bacco; quien, además, ordenó que se le coloque la tobillera electrónica a Lucero.
A partir de esto, el Juzgado de Instrucción en Violencia de Género y Protección Integral del Menor tiene que solicitar al cuerpo médico forense de la Función Judicial para que solicite e informe el tratamiento médico, estudios y medicación que deben llevarse a cabo por el imputado a través del Servicio de Cardiología y de Traumatología del Hospital Enrique Vera Barros.
El ginecólogo sobre el que pesaban acusaciones de abuso sexual fue denunciado por la Secretaría de la Mujer y Diversidad ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal. El organismo realizó la denuncia por violencia sexual y psicológica en contra del médico ginecólogo Héctor Lucero que luego fue ratificada por la mujer. El organismo, luego de haber sido anoticiado sobre la situación de violencia por razones de género padecida por una usuaria del sistema de salud pública y ante la posibilidad de radicar una denuncia judicial, realizó el acompañamiento y asesoramiento correspondiente para iniciar el proceso judicial. Luego, hubo otra denuncia en contra del médico que se desempeñaba en el sistema público y privado de salud.
