La Obra Social de la Universidad Nacional de La Rioja sigue transitando un proceso de conflicto e incertidumbre, tras presentaciones contrapuestas sobre la situación administrativa, financiera y legal, y la falta de definiciones sobre los plazos electorales.
Desde la conducción actual de OSUNLaR acusan a la ex presidenta de la entidad, Marita Corzo, de obstruir el proceso de convocatoria a los comicios que establecerán las nuevas autoridades.
Este llamado debía cumplirse, incluso, cuando la destituida presidenta de la obra social estaba a cargo de la misma. Luego, fue apartada y comenzó el periplo de idas y vueltas sobre la convocatoria electoral, en medio de una serie de presentaciones judiciales -de una y otra parte- en las que se denunciaron maniobras financieras millonarias con supuestas irregularidades y la indebida designación de becarios. En esta línea, la Vicerrectora fue denunciada penalmente por el propio Rector.
Paralelamente, Corzo tramitó una presentación judicial aduciendo haber sufrido un “golpe institucional” y afirmando que sigue siendo la legítima presidenta de la OSUNLaR. Como resultado de ello, la justicia local ordenó el allanamiento de la oficina central de la Obra Social, desde donde se secuestraron computadoras y documentos de la entidad.
Por otra parte, desde la oposición atribuyen a maniobras de la propia gestión rectoral de la UNLaR de entorpecer “el frustrado proceso electoral de la OSUNLAR, que incluye cuatro previsiones de cronogramas electorales” y que “obedece pura y exclusivamente a la inoperancia e incompetencia del Consejo Directivo de OSUNLaR, de la Secretaría del Consejo Superior y del espacio Consenso (línea política por la cual llegaron a sus actuales funciones el rector Daniel Quiroga y la vicerrectora Marita Corzo)”.
Apuntando además contra el gremio nodocente ATUR (hoy, aliado político de Quiroga), desde los espacios críticos a la conducción rectoral explican que “el primer cronograma elaborado por el Consejo de OSUNLaR ni siquiera llegó al superior y lo rehicieron; el segundo se cayó porque cuando el Consejo Superior debía designar a la Junta, el espacio Consenso se retiró del recinto y dejó sin quórum la sesión”.
“Un mes más tarde -continúan- y con un nuevo cronograma, ya con acuerdo, se integra la Junta, que debía inmediatamente ponerse en funciones, no sólo porque así lo señalaba el acto administrativo correspondiente, sino para no generar un desfasaje de fechas del cronograma”.
Acto seguido -prosigue la Oposición-, la Secretaría del Consejo Superior demoró la emisión de la resolución –con “graves vicios”, según indican- que ponía en funciones a la Junta. Nuevamente, se vencieron los plazos, sin resolverse la situación en el Consejo Superior ni en el Consejo de la Obra Social.
Posteriormente, se emite un nuevo cronograma (el cuarto), con el cual se intenta “mantener la fecha original del comicio”, sin respetar los plazos del propio reglamento electoral de OSUNLaR.
Mientras tanto, no hay definiciones sobre una nueva fecha de convocatoria a elecciones (en principio se había establecido como fecha mediados de noviembre de 2023) ni de un nuevo llamado a sesiones del Consejo Superior, tras la fallida sesión de fines de septiembre, la cual no reunió el quórum suficiente. “El Rector decidió no acatar su obligación reglamentaria de efectuar una nueva convocatoria en 48 hs., plazo vencido el día martes de la semana pasada”, afirman.
