En la mañana de este lunes, profesionales que trabajan en la integración de personas con discapacidad se manifestaron en Plaza 25 de Mayo, denunciando la falta de pago. La demora en los pagos alcanza hasta los nueve meses en algunos casos.
La manifestación fue una convocatoria a nivel nacional de las y los prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad. La concentración se dio bajo el lema “no recorten en discapacidad, no recorten lo que sostiene mi mundo”.
La Fundación UNKAY fue una de las instituciones que participó de la convocatoria, Andrea Agostini, una de sus referentes y auditora del área de discapacidad en la Red INCLUIR, en diálogo con radio La Red, explicó que “nosotros como prestadores trabajamos con honorarios precarizados, sumándole la inflación y que cobramos cada 3 meses, 6 o 9 en algunos casos, por lo tanto, es insostenible la situación”.
Agregó que: “el tema de fondo tiene varios ejes, pero lo central es no a la firma de un DNU, que obliga a estatizar las prestaciones de discapacidad que en la actualidad se dan por medio de las obras sociales, lo cual implica un redireccionamiento de los fondos y, no al ajuste en discapacidad, que es el eje central”.
Asimismo, la profesional denuncia demoras en los pagos, detallando que desde el Centro UNKAY “hace tres meses que no cobramos”. “Estamos acostumbrados históricamente a cobrar cada 3 meses, una demora de 90 días de la facturación presentada, pero lo que se hace insostenible es que desde agosto no percibimos nada de honorarios y en julio cobramos marzo-abril, de algunas obras sociales, no de todas. Hay algunas que tienen un atraso mucho mayor”, informó Agostini.
“La discapacidad no es un costo que asumen las obras sociales, sino que son intermediarias; si están en regla y cumplen con todos los requisitos de superintendencia se reintegra el 100% de las prestaciones a través de un mecanismo”, añadió y explicó que las obras sociales son intermediarias en la prestación del servicio, porque son las que deben presentar toda la documentación a la Superintendencia de Salud.
Al finalizar, la profesional dijo que “lo último que se conoció es que una parte de los fondos habían sido liberados a varias obras sociales pero habían sido retenidos por los gremios”.
