El Gobierno nacional limitó, por medio un decreto, el acceso a la información pública; medida que representa un retraso para la transparencia y por lo tanto para el sistema democrático.
La normativa reglamenta varios artículos de la norma Ley N° 27.275 sancionada en 2016 y cuyo objeto es “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”.
La reglamentación del artículo 1° establece lo relacionado con el principio de “buena fe”: “La violación al principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación”. Habla del abuso del derecho y “un juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización”.
En su alcance redefine el concepto de información pública y establece que “No se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 y su modificatoria” y considera que “las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público”.
Un conjunto de organizaciones manifestó su preocupación y advirtieron que “un decreto reglamentario no puede limitar el derecho de acceso a la información pública en contradicción con el alcance de la propia Ley de Acceso a la Información votada por el Congreso de la Nación en 2016”
“Las excepciones establecidas por la ley 27.275, que habilitan la negativa estatal a brindar la información solicitada, están lejos de lo reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional. Este decreto amplía la información que queda por fuera del interés público, amplía el secreto y aporta discrecionalidad al dejar en manos de los funcionarios/as públicos/as la definición sobre lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades, dándoles una especial protección”, expresaron.
En tanto que el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) que adhiere a lo antes expresado, rechazó el decreto y aseveró que “la ciudadanía es la dueña de la información pública”.
Desde su llegada a la presidencia, Javier Milei terminó con la pauta oficial, habla con un grupo reducido de medios de comunicación, no da conferencias de prensa, desmanteló Télam y arremete contra periodistas.
El vocero presidencial Manuel Adorni habló de “hacer una sala de prensa de elite, con periodistas que puedan demostrar que merecen estar cerca del Presidente” y que “se buscará la excelencia y se acreditará el medio de acuerdo al alcance que tenga”.
Entre las ultimas agresiones al periodismo Milei durante la inauguración del III Encuentro Regional del Foro Madrid, Río de la Plata, organizado por Santiago Abascal, el líder del partido de ultraderecha español VOX, mencionó al partido del Estado y consideró que “no se agota en los políticos y en los contratistas”. “También son los empresarios prebendarios; los periodistas y los medios de comunicación –que hoy son un servicio de propaganda en venta al mejor postor–; los sindicalistas que entregan a los trabajadores a cambio de prebendas; los gerentes de la pobreza que administran asistencia social de los más vulnerables”.
Este jueves 5 de septiembre, representantes del Foro de Periodismo Argentino y la Asociación de Periodistas de la República Argentina expusieron este jueves en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados sobre su preocupación por las reiteradas y crecientes agresiones contra periodistas por parte del presidente Javier Milei. “Lo que estamos viendo en este último tiempo es que hay un discurso estigmatizante, dirigido al periodismo en su conjunto y hacia los periodistas en particular. El 29% de estas agresiones están protagonizadas por el presidente de la Nación y un 11% por fuerzas de seguridad, en situaciones que en general se generan en coberturas”, expresó en esa exposición Paula Moreno, presidenta de FOPEA.
Nada de estas apelaciones llegan al mandatario nacional que descalifica en forma permanente al periodismo. Y mientras piden dejar sin efecto este decreto El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que continuará vigente el decreto que limita el acceso a la información pública, más allá de la crítica.
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