La principal referente de la organización Social Tupac Amaru se encuentra en la unidad de terapia intensiva coronaria, donde está custodiada por dos agentes en la puerta de la sala y una tercera policía al lado de su cama «exhibiendo ostensiblemente la portación de su arma reglamentaria”, denunciaron sus abogados.
La activista ingresó el lunes al sanatorio privado «Los Lapachos», de San Salvador de Jujuy, con un cuadro de «trombosis venosa profunda» luego de que se le practicaran estudios de rutina debido a un dolor que le aquejaba en su rodilla izquierda.
Los abogados defensores de la dirigente social informaron que, desde ese momento, Sala fue traslada a la unidad de terapia coronaria, “para ser compensada y recibir el tratamiento necesario para la trombosis”.
Durante este martes un equipo de salud y perito de parte de Milagro Sala, informó que tomaron contacto en dos ocasiones con ella, quien se encuentra internada en la Unidad Coronaria/Terapia Intensiva del sanatorio privado.
“La misma se encuentra custodiada por dos agentes de la policía, una mujer y un hombre, en la puerta de ingreso a la UCO/UTI y un tercer agente femenino, al lado de su cama, exhibiendo ostensiblemente la portación de su arma reglamentaria”, afirmaron a través de un informe de la situación.
La licenciada en Psicología Adriana Sonia Taboada y el médico especialista en medicina legal Ariel Rossi indicaron que “si bien actualmente (Sala) se encuentra estable clínicamente, no está exenta de mayores complicaciones que pueden surgir en cualquier momento producto de su cuadro patológico de base”.
Más adelante, consideraron que la presencia de la policía al lado de su cama, “indudablemente configura una situación amenazante, de violencia psicológica y simbólica, de acoso y hostigamiento que impacta clara y directamente en su salud psíquica, generando angustia y desazón con repercusión en su cuadro clínico, tornando el pronóstico de su enfermedad más ominoso del que podría llegar a ser”.
Asimismo, afirmaron que la presencia del personal policial también “perturba”, la salud “del resto de los internados, los que no son ajenos a esta situación ya que es una sala abierta, afectando derechos de la paciente Milagro Sala y del resto de los internados”, reiteraron.
Marcos Aldazabal, uno de sus abogados defensores, había asegurado en una entrevista que brindó a Radio Nacional que “el cuadro que presenta no está exento de complicaciones» y había anticipado que le realizarían «estudios para determinar el tratamiento a llevarse a cabo”.
Sobre ese punto, detalló que los especialistas deberán determinar si le realizan “una cirugía, o bien continuar con la anticoagulación a la espera de su evolución”, situación que caracterizó como “grave y, en el mejor de los casos, va a tardar meses en resolverse”.
Asimismo, advirtió el “peligro de que se produzca un desprendimiento de coágulos que derive un taponamiento pulmonar», por lo que Sala «debe permanecer internada sin movimiento alguno”.
“Le impidieron tener cualquier tipo de intimidad con su familia y con el personal médico –continuó-. Para peor, los policías informan constantemente, por teléfono, acerca del estado de salud de Milagro, y le realizan preguntas tanto al personal de la clínica como a los allegados a Sala”, completó.
Luego, recordó que, en las últimas semanas, el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy “expresó públicamente su intención de que Milagro Sala vuelva a la cárcel, sin importar lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y realizó varias presentaciones en este sentido”.
“No hay precedentes de que alguien esté detenida siete años con prisión preventiva porque nunca tuvo cumpliendo pena con una sentencia firme, con una prisión domiciliaria particular con presencia policial permanente y con las presiones políticas que vive”, consideró Algazabal.
Finalmente señaló que Corte Suprema de Justicia de la Nación, por su parte, tiene pendiente de resolución la causa principal contra Sala conocida como “Pibes Villeros”, desde hace más de dos años sin resolverse.
El pasado martes, organizaciones sociales, gremiales y políticas se movilizaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para denunciar que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, mantiene una presión sobre el Poder Judicial de esa provincia para que la dirigente social Milagro Sala «vuelva a la cárcel».
Los manifestantes rechazaron el «revanchismo» de parte del Gobierno provincial contra la líder de la organización Túpac Amaru, luego de que el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, denunciara dilaciones en causas contra la dirigente.
Milagro Sala permanece detenida desde el 16 de enero de del 2016 y, desde ese momento, se multiplicaron los pedidos de distintas organizaciones por su libertad.
El 23 de noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) consideró que Sala permanecía detenida en condiciones incompatibles con su dignidad humana y que el método o manera de ejecución de la medida privativa de libertad la estaba sometiendo a angustia o dificultades mayores al sufrimiento intrínseco a toda detención, y dictó una medida provisional en ese sentido.
Desde entonces la Corte Interamericana no sólo mantiene vigente la medida provisional, sino que además recibe información periódica que denuncia la falta de independencia judicial en la provincia y el impacto que tiene la particular persecución penal que llevan adelante en la integridad física y psíquica de Sala.
