Esta vez, el violento es el expresidente Alberto Fernández. El mismo que defendía las políticas estatales para erradicar las violencias por razones de género. Y cabe hacer la distinción que las políticas públicas deben seguir existiendo para abordar este flagelo estructural e histórico. Fernández (Frente de Todos y ex presidente del PJ porque presentó su renuncia luego de esta denuncia) quedó imputado por los delitos de lesiones “leves y graves” y “amenazas coactivas” en la causa por violencia de género consecuencias de las denuncias realizada por la ex primera dama Fabiola Yáñez.
La violencia de género que padecía su expareja se conoce por los chats privados entre ella y María Cantero, secretaria privada del exmandatario.
La denuncia de Yáñez demuestra lamentablemente, una vez más, que la violencia machista está en todos los espacios políticos y que es la representación de la incoherencia entre lo que dice hacia fuera y lo que ejerce hacia dentro. José Alperovich, ex gobernador de Tucumán y exsenador está sentenciado a 16 años de prisión por abuso sexual contra su sobrina y exsecretaria. El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue procesado por abuso sexual, acusado de haber sometido por la fuerza a “tocamientos impúdicos” a una secretaria privada, hace tres años, una noche, en la casa de ella.
La semana pasada, el Concejo Deliberante determinó por mayoría no aceptar la incorporación del concejal de La Libertad Avanza por inhabilidad moral. Debía ocupar la banca de Diego Molina Gómez. Ruiz fue denuncia por su expareja por violencia de género y deudor alimentario. Dijo que la denuncia sigue en al Justicia que no fue archivada pero tampoco tiene resolución.
En el 2020, en un proceso de juicio político, cuerpo de concejales por mayoría rechazó los cargos imputados al entonces concejal, Gerardo Herrera Gómez ( ingresó por Juntos por el Cambio y lo absolvió el peronismo) por forcejeo, violencia, inducir al aborto, entre otros. Fue denunciado por su expareja.
En el 2023, en otro proceso de juicio político exedil Enrique Balmaceda (PRO/UCR) fue absuelto. Fue denunciado por una joven -que pertenecían a su mismo espacio político- por abuso sexual y hostigamiento laboral.
Hay que reiterar que las victimas hablan cuando pueden y se les cree su relato de violencia. Su denuncia que tomó trascendencia a nivel nacional e internacional por tratarse de un expresidente y sumado a todo lo que decía representar, generó además que varios medios de comunicación incurran en violencia mediática. Los criterios éticos y el abordaje adecuado de las situaciones de violencia deben estar por encima de lo comercial, lo que vende. Yánez fue revictimizada con la exposición de sus fotográficas que muestran las lesiones consecuencias de los golpes. El relato de una víctima de violencia alcanza para creerle. Sin embargo, el cuerpo de una mujer fue sometida, una vez más, al morbo y a la espectacularización.
La denuncia de Alberto Fernández, que deber ser juzgada por la Justicia (una justicia esperemos con perspectiva de generó) dispuso un escenario ideal para que la derecha apuntará en este contexto contra los feminismos de manera miserable y cínica porque son los sectores que no creen en las políticas públicas en la materia; y además para que en la actualidad muchas mujeres denuncias es consecuencias del trabajo histórico de los feminismos.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) presentaron una acción judicial colectiva que exige al Poder Ejecutivo certezas.
Demandan “claridad sobre cuál será el organismo encargado de dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de violencias; cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes; y sobre todo cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas por normativas y tratados internacionales a los que Argentina ha adherido” Es la primera vez que se presenta una acción colectiva de esta naturaleza en el Gobierno de Javier Milei que eliminó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.
La acción declarativa de certeza se presenta en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, exhortando al Ministerio de Justicia y al Poder Ejecutivo Nacional a que aclaren el estado de incertidumbre en el que se encuentran niñas, adolescentes y mujeres víctimas y potenciales víctimas de violencia de género, ante el supuesto cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que en los últimos 15 años han ayudado a miles de mujeres a encontrar respuestas frente a la violencia.
Y para mostrar la gravedad de la problemática, en el primer trimestre del año, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió a 4430 personas. De ellas, 2417 realizaron denuncias por violencia doméstica, mientras que 2013 fueron consultas informativas. En total, las denuncias representaron a 3396 personas afectadas y, en consecuencia, se dictaron 8281 medidas judiciales preventivas.
El 71% de las personas atendidas era de sexo femenino y el 43% denunció un vínculo de pareja o expareja con la persona agresora, mientras que un 39% indicó tener un vínculo filial. Además, el equipo médico de la OVD detectó lesiones en 480 personas, producto de la violencia denunciada.
La violencia de tipo psicológico estuvo presente en el 97% de los casos, mientras que la física apareció en el 44% de los casos y la simbólica en el 42%. De acuerdo con las evaluaciones de los equipos interdisciplinarios de la OVD, el 29% de las personas afectadas registraban un riesgo alto o altísimo.
Hoy mas que nunca es fundamental y necesario defender los derechos conquistados, reiterar que las políticas públicas son fundamentales para la erradicación de las violencias. Hay que interpelarse permanentemente para no reiterar prácticas cómplices sobre la violencia en términos de la construcción de poder.
Necesitamos mas humanidad y la política debe interrogarse sobre su falta de credibilidad.
