La Secretaría de Género de la FATPREN emitió un comunicado expresando su “rechazo y preocupación por el acoso judicial que viene sufriendo la comunicadora riojana Manuela Calvo y que la lleva a ser indagada este martes 4 de octubre”.
El organismo que aboga en cuestiones de género sostuvo que “la periodista investigó un caso de abuso sexual en la infancia y revinculación forzada conocido como el caso “Arcoíris”. En una resolución inédita, en junio pasado su domicilio fue allanado, le fueron secuestrados sus elementos de trabajo, se le impidió el estreno de un corto sobre abuso sexual infantil y se le ordenó que borre tuits y otras publicaciones al respecto”.
En este contexto, Manuela Calvo fue imputada por desobediencia a la autoridad y obstrucción de contacto de menores con sus padres no convivientes. La periodista debió presentarse este martes ante el Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral del Menor N° 1 para ser notificada de una acción penal impulsada desde el Ministerio Público Fiscal.
“Advertimos sobre este avance sobre la libertad de expresión que pone en peligro las garantías previstas por la Constitución Nacional y otros tratados de rango constitucional como la Convención Americana de Derechos Humanos” indica el documento.
Asimismo, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa exige “el cese de la persecución judicial a la periodista y garantías para ejercer su trabajo en libertad”.
