La Función Judicial emitió un comunicado de prensa donde da cuenta de la implementación de la norma. La información sobre el avance se conoce consecuencia del relevo del monitoreo a nivel nacional.
Ante la publicación de un informe elaborado entre la Fundación Micaela García, Proyecto Generar, la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir, ABOSEX, ABOFEM y CLADEM Argentina que afirma que “en el ámbito de la justicia a nivel federal es deficitaria” y donde La Rioja aparece entre la provincia que no respondieron el pedido de acceso a la información pública, la Función Judicial emitió un comunicado de prensa donde da cuenta de la implementación de la norma.
El monitoreo dice que “sólo 7 jurisdicciones (29%) respondieron en tiempo y forma el pedido de información pública: Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.
En el caso de las provincias que respondieron que no tenían competencias para brindar la información requerida, se detalla que dicha respuesta fue brindada por la autoridad de aplicación, a cargo del ejecutivo. En esos casos, se sugirió remitir el pedido de información del Poder Judicial provincial. Éstos últimos guardaron silencio, no respondiendo el pedido. En este caso, “los órganos de aplicación que respondieron al pedido son los correspondientes a las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, Río Negro y San Luis”
De las 11 jurisdicciones que informan la fecha de inicio de las capacitaciones, en 5 de ellas se observa un retraso en el comienzo del proceso formativo. Entre los casos mencionados están las provincias de La Rioja y San Luis, que comenzaron sus capacitaciones, respectivamente, 24 y 21 meses después de haber sancionado la ley de adhesión provincial. La provincia de Catamarca demoró 13 meses, Córdoba 10 meses, Mendoza 9 meses y Santa Cruz 6 meses.
Según el TSJ se reunió en julio de 2019 con los padres de Micaela García por la aplicación de la Ley Micaela, que establecía un programa de capacitación obligatoria en materia de género y de violencia contra las mujeres para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado. En dicha instancia estuvieron presentes los jueces del TSJ Claudio Ana y Luis Brizuela.
La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La Rioja adhirió a esta norma, en primera instancia de manera parcial, y en julio de 2020 mediante una modificación de la Cámara de Diputados, se aprobó la adhesión total y quedó establecida la capacitación obligatoria en género para todas personas que integran las funciones del Estado (Ejecutiva, Legislativa y Judicial). Y desde el 23 de diciembre de 2020, la ley 10.279, cuenta con su decreto reglamentario correspondiente.
“Las capacitaciones fueron llevadas a cabo por capacitadores que obtuvieron certificación de replicadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en capacitación de la Ley Micaela. Al respecto, una de las capacitadoras del programa, indicó que se trataba de un taller de capacitación y sensibilización, destinado a magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios, empleadas y empleados de las cinco circunscripciones de la Función Judicial de La Rioja”, dice el comunicado.
La novedad sobre el avance de la implementación de la norma en la justicia riojana se conoce consecuencia de la información recabada por este monitoreo.
