Tras el acuerdo entre el oficialismo y bloques provinciales para dotar de más federalismo al organismo y otorgarle mayor igualdad de género, se discutió en el recinto la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo y se aprobó por 37 votos a favor contra 33 en contra. Ahora deberá pasar por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
El Senado de la Nación aprobó este jueves por mayoría y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que reforma la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, consensuado entre el oficialismo y bloques provinciales para dotar de mayor federalismo al organismo encargado de la selección de jueces.
En la votación en la que se convalidó la norma por 37 votos contra 33, el interbloque opositor de Juntos por el Cambio (JxC) manifestó su rechazo a la propuesta del Gobierno de Alberto Fernández, en desacuerdo con la decisión de no incluir a la Corte Suprema de Justicia en la representación del Consejo.
La Cámara de Diputados será ahora la encargada de convertir en ley la iniciativa, que eleva de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo y crea cuatro regiones federales en el seno del organismo que sesionarán en el interior del país periódicamente con la meta de dotarlo de mayor federalismo.
El Consejo vuelve a ampliarse entonces, después de que en diciembre del año pasado la Corte Suprema nacional declaró la inconstitucionalidad de la conformación de 13 miembros que se dispuso en 2006.
El máximo tribunal otorgó al Congreso un plazo de 120 días para sancionar una ley que establezca una nueva estructura del organismo encargado de proponer magistrados para que los designe el Presidente de la Nación, administrar el Poder Judicial, controlar la actividad de los jueces y eventualmente sancionarlos y enviarlos a juicio político.
Durante la sesión que abrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que se extendió durante seis horas, senadores del oficialismo y de la oposición volvieron a cruzar recriminaciones por el desempeño del gobierno de Mauricio Macri en su política hacia el Poder Judicial y por la falta de diálogo entre las fuerzas políticas.
En representación del Frente de Todos, el senador Oscar Parrilli acusó a la Corte Suprema de promover una suerte de «golpe de Estado» para obtener la presidencia del Consejo, y la vicepresidenta del bloque del FdT, Anabel Fernández Sagasti aseguró que al máximo tribunal «le molesta la división de poderes y la democracia».
Desde el bloque de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck -autor de algunos de los cambios que se introdujeron en la propuesta inicial enviada al Senado-, acompañó con su voto y declaró que la discusión no debía girar en torno a «si la Corte si o la Corte no, sino que se trata de federalismo sí».
En representación de la oposición que se manifestó en contra, el jefe de los radicales, Luis Naidenoff, cuestionó que se haya «desperdiciado la oportunidad de lograr consenso» para modificar al Consejo y aseguró que en la Cámara baja la norma volverá a ser modificada.
El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso a principios de diciembre último, anticipándose al fallo de la Corte que derogó la Ley del Consejo de la Magistratura vigente desde 2006 y estableció un plazo máximo para adecuar la legislación que vence el 15 de abril.
La norma fue dictaminada hace dos semanas gracias a la mayoría del Frente de Todos, pero luego tuvo que ser revisada al no contar con los votos necesarios.
Los legisladores del oficialismo abrieron entonces el expediente a los aportes de dos de sus aliados: Magdalena Solari Quintana, del Frente para la Concordia de Misiones, y Weretilneck, quien propuso cambios para lograr mayor federalismo.
En esa estructura más federal del Consejo se propuso mantener al representante del Poder Ejecutivo, que será designado alternativamente entre un varón y una mujer, por el período de un año en cada caso.
Para la elección de consejeros de la Magistratura representantes de los jueces y de los abogados, las listas deberán conformarse con un integrante de cada región y su respectivo suplente.
A ese efecto se establecen las regiones federales AMBA, Norte, Centro y Sur, que estarán compuestas por las jurisdicciones que abarcan las cámaras federales respectivas.
Las precandidaturas y, en su caso, candidaturas, a consejeros de la Magistratura integrarán una única lista con dos representantes titulares y dos suplentes de los académicos, cuatro representantes titulares y cuatro suplentes de los jueces y cuatro representantes titulares y cuatro suplentes de los abogados.
En tercer lugar, se establecerá que el Consejo de la Magistratura sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas Cámaras Federales del interior del país, «a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones del país».
Finalmente, a las cuatro comisiones que integran el Consejo actualmente (de Selección, de Disciplina, de Administración y de Reglamentación) se le sumará una quinta: de Asuntos Federales.
Esa comisión estará integrada por consejeros ad hoc y ad honorem en representación de la Cámara de Senadores de la Nación.