Según los datos de la Dirección de Niñez y Adolescencia de La Rioja, aumentan las denuncias por abuso sexual en las infancias. Hasta abril de este año llevan registrados 320 casos. En tanto que, en el 2022, el total fue de 616.
La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes atraviesa a toda la sociedad. Un delito que ocurre en la intimidad y que en muchas oportunidades (más de las que quisiéramos) ponen en duda el relato de quien lo padeció o padece o no se detectan aquellos signos que develan su existencia.
También, sentencias judiciales absuelven a los agresores porque son delitos difíciles de probar o las víctimas llevan años esperando resoluciones judiciales.
Hacer público un relato de abuso no es gratuito cuando se responsabiliza y se estigmatiza a quienes denuncian. Thelma Fardin denunció a Juan Darthés de haberla violado cuando tenía 16 años y él 45 y no tuvo la garantía de la Justicia. No es gratuito y es cruel cuando socialmente pedimos a quienes han sufridos violencia sexual que se animen a denunciar, que “hablen a tiempo”, o se cuestiona porque “tardan en llegar a poner en palabras” la violencia.
La lucha de los feminismos quedó traducida en avances normativos que garantizan derechos humanos como, por ejemplo, la conquista de la ESI que otorga herramientas que permiten detectar y no omitir signos de abusos o sentencias judiciales históricas que abonan a romper con la cultura del silencio y dejan de deslegitimar la cultura de la violación.
Según información publicada por el Equipo Latinoamericano de Género (ELA), el programa «Las Víctimas contra las Violencias» dice que los abusos aumentan a medida que crecen las niñas y niños: el 50,5% tienen entre 12 y 17 años de edad, contra un 16,9% en niñas y niños de entre 0 y 5 y un 32,6% cuando tienen entre 6 y 11. Por otro lado, también se ve que, a medida que las edades de las víctimas van en aumento, también se incrementan las víctimas mujeres: de 0 a 5 años son el 63% de las víctimas; entre los 6 y los 11, el 73,6%; y entre 12 y 17, el 85%.
En el 85% de los casos, el agresor era una persona cercana a la víctima o un familiar, en general el padre. Los tocamientos sexuales son la modalidad más frecuente de abuso (41,7%) y casi la mitad de las agresiones (46,5%) ocurren en la vivienda de la víctima o su agresor.
Entre 2017 y octubre de 2022 hubo 14.424 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, de las cuales el 77,6% fueron mujeres.
Según los datos de la Dirección de Niñez y Adolescencia de La Rioja, aumentan las denuncias por abuso sexual en las infancias. Hasta abril de este año llevan registrados 320 casos. En tanto que, en el 2022, el total fue de 616. Los datos son alarmantes.
Tanto el informe de ELA como desde Niñez y Adolescencia, a cargo de Erica Delgado, reconocen que la ESI es un eje fundamental para poder reconocer este tipo de delito porque le brinda herramientas a niñas, niños y adolescencias a reconocer estas violencias.
La Rioja cuenta también con las oficinas de acceso a la justicia (OSAJ). La primera fue creada en 2016 consecuencia de la sanción del protocolo establecido en la ley 9718 (Protocolo Interinstitucional para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de maltrato o abuso sexual infantil). “El Ministerio de Salud decide crear en primera instancia esta oficina en el hospital de la Madre y el Niño y luego por la gran demanda se crea otra en el hospital Enrique Vera Barros y en los hospitales de Chepes y de Aimogasta”, explicó a El Péndulo, Mauricio Mercado coordinador de la OSAJ.
“Estas oficinas trabajan bajo tres ejes que incluyen el asesoramiento destinado a las víctimas de vulneración de derechos y también a su familia. Se asesora respecto de cuáles son los pasos evitando la revictimiazción. El segundo eje es la capacitación del marco normativo vigente al personal de la salud para que puedan estar alerta de los indicadores de vulneración de derechos. Además de abuso sexual, negligencia, maltrato y violencia de género, se comenzó a asesorar sobre Interrupción Voluntario del Embarazo (IVE)”, dijo Mercado; y agregó que “el último eje de trabajo es la articulación interhospitalaria y con otras instituciones para garantizar el acceso a la justicia”.
La importancia de la detección y el acompañamiento
Mercado explicó que, respecto de los procedimientos de actuación, se pueden dar de dos maneras: “una que se detecta en una institución y se asesora a la familia respecto de la formulación de la denuncia, posteriormente de la denuncia se hace el informe médico forense y luego de eso se deriva a nuestra oficina para el asesoramiento y la toma de la muestra de laboratorio y se hace un seguimiento clínico para evitar las enfermedades de transmisión sexual”. “Y la segunda es que haya un develamiento o sospecha en el ámbito hospitalario, por lo que se deriva a la oficina para la formulación de la denuncia e informamos a los organismos competentes como es Niñez y Adolescencia o formulamos la denuncia en la comisaria más cercana en el caso que la familia no quiera realizar la denuncia”, afirmó.
Al ser consultados sobre cuáles son las barreras dentro del ámbito de la salud, aseguró que “es el desconocimiento de los marcos normativos que llevan a no involucrarse o no hacer las derivaciones correspondientes”. “Nosotros, como servicio, estamos capacitando permanentemente y remarcando cuál es la posibilidad dentro del ámbito salud para que puedan anoticiar”.
Al igual que en Niñez y Adolescencia, Mercado sostiene que “gracias a la sanción en la Argentina de la ley 26150 de Educación Sexual Integral (ESI) pueden alertar sobre la importancia del cuidado del cuerpo”. “Reconocer nuestros derechos es muy importante porque eso le brinda herramientas porque pueden recurrir a personas que las puedan acompañar a estas infancias y adolescencias de no guardar el secreto, evitar perjuicios, y no ser estigmatizados”.
Los datos de la OSAJ respecto de abuso sexual cuentan que en el 2021 tuvieron 93 casos; en el 2022, 71; y en lo que va del 2023, 24.
Las fases del abuso sexual en las infancias tienen varias etapas: la del secreto, la del develamiento (accidental o intencional) que puede llevar a la intervención; y la represiva, cuando la reacción del resto de la familia no apoya el relato de la niña o el niño, éste se retracta.
Prescripción
- El Código Penal de la Nación establece que una víctima de abuso sexual tiene hasta 12 años para iniciar un proceso judicial contra el acusado.
- Con la sanción de la Ley Piazza en 2011, dejó de contarse desde el momento del hecho y comenzó a computar desde que la víctima cumpliera los 18 años.
- Luego, en 2015, con la aprobación de la Ley 27.206 conocida como «Ley de Respeto de Tiempos de las Víctimas», se avanzó hacia que el plazo comience a transcurrir desde el momento en que la víctima decidiera efectuar la denuncia.
