Este miércoles, funcionarios del Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social presentaron una denuncia penal, tras haberse registrado un nuevo intento de estafa a particulares pidiendo importantes sumas de dinero a cambio de adjudicaciones de viviendas del Estado.
La denuncia se hizo efectiva a instancias del ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, quien informó que fue radicada en contra de José Valentín Llanos, “estafador de largo prontuario delictivo, con condena de 16 años de reclusión en curso bajo libertad condicional”, según consigna el comunicado oficial.
El titular de Vivienda recordó denuncias anteriores a esta y enfatizó que “es lamentable esta situación y tengo el derecho y la obligación de expresarlo, no me puedo quedar callado. Tenemos que terminar con esto que nos hace profundo daño, a nuestro Gobierno y a la sociedad”.
Puy Soria estuvo acompañado por el Director de Bienes Fiscales, José Yoma. Trascendió que la presentación legal apunta contra José Valentín Llanos y a las personas que surgieran de la investigación del hecho, “quien habría llevado a cabo conductas con relevancia jurídico-penal, en perjuicio del Estado Provincial de La Rioja y de particulares, prometiendo la adjudicación y entrega de viviendas que se construyen el barrio Las Talas de la ciudad de La Rioja, requiriendo a cambio sumas de dinero”.
Además, en la denuncia se cita que la maniobra defraudatoria pergeñada por el denunciado se materializaba mediante una gran puesta en escena, basada en citar a las víctimas al barrio en cuestión y, una vez allí, visitar con total libertad las obras que se llevan adelante, ingresando y egresando de las viviendas sin ningún problema, lo que a ojos de los terceros damnificados despertaba máxima confianza en el negocio orquestado por Llanos.
Para actuar del modo reseñado, el denunciado lograba sortear los controles de seguridad impuestos por la empresa a cargo de las obras, valiéndose de toda clase de argumentos y excusas.
“Yo quiero vivir en una provincia en la que el que las hace las pague, y más aún cuando trafican con las necesidades de la gente. No se puede jugar con la ilusión”, aseveró Puy Soria y agregó que “trabajamos firmemente por el interés colectivo y no vamos a tolerar ninguna situación de sospecha o de ilegalidad en algo tan sensible como es la vivienda digna. También tenemos que saber que es tan estafador el que supuestamente vende como el que la compra, como el que quiere cortar camino”.
Asimismo, expresó que “no vamos a permitir ningún acto de corrupción. Aquí no se cobra absolutamente nada a nadie. Si nos enteramos de alguna situación, tenemos que conseguir las pruebas, denunciarlo en la justicia y hacerlo público”.
El funcionario recordó que “nosotros denunciamos el año pasado a determinadas personas que falsificaban documentación, firmas, y todavía estoy esperando el inicio del juicio” y agregó que “en ese momento la denuncia fue por asociación ilícita, que para mí entender estaba absolutamente justificado, y es un delito que no es excarcelable. La carátula del juez fue estafa, un delito que si es excarcelable, pero estoy esperando el juicio para el enorme aporte de la prueba que tenemos”.
En tanto que el Director de Bienes Fiscales, José Yoma, puntualizó que “en cada oportunidad que el Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social o alguna de sus dependencias tomaron conocimiento de hechos posiblemente constitutivos de estafas, se han formulado las respectivas denuncias penales”
Además recordó que “el 8 de junio de 2021 se presentó una denuncia en el Ministerio Público Fiscal. Había alrededor de 13 familias damnificadas por este hombre, hasta donde tenemos conocimiento se promovió acción en contra Llanos. Lo llamativo es que no se vio replicado en el trámite procesal ulterior. Al mes siguiente en julio de 2021, ante el Ministerio Público Fiscal se volvió a efectuar una denuncia por un nuevo damnificado. También se promovió la respectiva acción penal, sin novedades hasta el momento”.
“El 1 de noviembre de 2022, por decisión del Ministro se formuló la denuncia en dependencia de la Policía de la Provincia en la División de Delitos Económicos, de la Dirección de Investigaciones, para que se pueda averiguar la verdad de lo sucedido”, remarcó, tras lo que “hasta donde tenemos conocimiento, esta persona estaría gozando del beneficio de la libertad condicional. En el 2013/2014 fue condenado ya por estafas con una pena de 16 años y la tendría que estar cumpliendo en condiciones de encierro”.
Yoma precisó que “aparentemente está gozando de este beneficio y para la subsistencia del mismo es necesario el cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos la no comisión de nuevos hechos, que precisamente a nuestro entender esta conducta de Llanos tiene suficiente relevancia jurídico – penal para que el beneficio le sea retirado. Por supuesto que la autoridad judicial encargada de controlar el cumplimiento de la pena de Llanos será quien deba determinar si debe seguir en libertad o si ha hecho las cosas tan mal para que le sea retirado el beneficio de la libertad condicional”.
