El juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal (TOF) de La Rioja contra el ex alférez Eduardo Britos por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra militantes políticos y por el asesinato del beato Wenceslao Pedernera durante el terrorismo de Estado, avanza hacia el tramo final tras escuchar el testimonio de más de 40 testigos, con la indagatoria del único imputado el próximo jueves.
El proceso judicial que se viene desarrollando semanalmente desde el pasado 28 de abril, con un promedio de entre dos y cuatro declaraciones testimoniales por audiencia, continuará esta semana con la declaración indagatoria de Britos el jueves a las 9.30 y la inspección ocular del lugar donde fue asesinado Pedernera el viernes a las 10.
El exintegrante del Escuadrón 24 Chilecito de la Gendarmería Nacional y exjefe del Instituto de Rehabilitación Social (IRS), la cárcel de la ciudad de La Rioja que funcionó como Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura, se encuentra acusado por crímenes cometidos contra 36 personas en tres causas que tramitaron la etapa de instrucción por separado y fueron unificadas para este debate.
Entre los delitos que se le imputan se encuentran el de ser autor mediato en privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos, allanamiento ilegal y delitos sexuales, así como autor mediato, en el homicidio calificado de Pedernera, dirigente del Movimiento Rural Cristiano y colaborador del obispo Enrique Angelelli.
Durante las dos últimas audiencias, la fiscal federal María Virginia Miguel Carmona amplió la imputación contra el exgendarme por declaraciones y circunstancias que surgieron del mismo proceso que dejaron en evidencia que algunos testigos también fueron víctimas de Britos.
Desde el equipo de abogados que representan a la familia de Pedernera y al Obispado de La Rioja -querellantes en esta causa- señalaron a Télam que esta ampliación impulsada por el Ministerio Público Fiscal «es importante» porque, por cuestiones de economía procesal, los nuevos hechos o circunstancias agravantes quedan comprendidos en la imputación formando parte del juicio.
Asimismo, destacaron que «es muy relevante» la inspección ocular que se llevará a cabo el viernes tanto del tramo comprendido entre la ubicación del Escuadrón 24 de Gendarmería y el domicilio donde Pedernera fue baleado y golpeado brutalmente frente a su familia aquella noche de julio de 1976, como del interior de la vivienda propiamente dicha, ya que permitirá -más allá de los años transcurridos- determinar el modo, tiempo, lugar y distancia de los hechos.
Más aún teniendo en cuenta el aporte que pueden hacer in situ las testigos presenciales de los hechos: la mujer de Wenceslao, Marta «Coca» Cornejo, y sus tres hijas -menores de edad en aquel entonces-, María Rosa (13 años), Susana (7) y Estela (5).
Justamente los testimonios brindados por Coca Cornejo y sus hijas durante las audiencias de este juicio fueron incorporados en la nueva ampliación de la imputación de la fiscal para incluirlas como víctimas de los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos.
Esto se fundamenta en las vivencias traumáticas que debió afrontar Cornejo junto a sus tres hijas desde la madrugada del 25 de julio de 1976, cuando llegaron al hospital de la ciudad riojana de Chilecito con Wenceslao aún con vida para buscar asistencia médica urgente.
Según repasó la fiscal en la audiencia del pasado jueves, no sólo Pedernera no recibió la atención médica correspondiente sino que su mujer y tres hijas fueron encerradas en una salita del hospital con la «custodia permanente de dos uniformados armados» que las mantuvieron incomunicadas y sin alimentos ni bebida hasta la tarde del día siguiente.
Cornejo fue llevada a otra sala del hospital para ser interrogada, quedando sus tres hijas menores de edad en la habitación con los dos uniformados armados, mientras Wenceslao «agonizaba en una camilla sin recibir atención médica gritando de dolor», indicó la fiscal ante el tribunal.
El esclarecimiento del asesinato de Pedernera, quien fue beatificado junto a Monseñor Angelelli y a los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longeville por la Iglesia Católica, que los consideró «mártires» por haber sido asesinados durante la dictadura por su «diligente actividad de promoción de la justicia cristiana», es abordado por primera vez en este juicio.
«Quisiera saber ¿Por qué mataron a mi marido si lo único que hacía era el bien y leer la palabra de Dios? A mis hijas las han dejado sin papá», se preguntaba y reclamaba «Coca» Cornejo durante su declaración ante el tribunal en la segunda de las 18 audiencias que lleva este proceso.
Susana Pedernera, que sólo tenía 7 años cuando mataron a su padre, expresó durante su testimonial que desea que «se aclare el modo tan brutal en que mataron a mi papá y terminar de armar este rompecabezas para poder estar tranquila».
Para María Rosa, la mayor de las tres hermanas, su padre fue «un hombre honesto, trabajador y muy cuidadoso de su familia» cuyo «legado sigue creciendo».
Britos estuvo dos años prófugo de la Justicia argentina hasta que fue extraditado desde Paraguay en 2011 para ser juzgado. Dos años después fue condenado por el TOF de La Rioja a 15 años de prisión como responsable del delito de imposición de tormentos contra seis presos políticos en esa provincia.
Según informaron a Télam desde la querella de la familia, si bien no está prevista la recepción de nuevos testimonios, la instancia de debate está aún abierta, por lo que no se cuenta aún con fecha precisa para los alegatos de las partes y veredicto.
Fuente: Télam
