Caso “Arcoíris”: preocupación por la intromisión de poderes nacionales en la justicia local

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El Pendulo
Periodista
El Defensor General de la Provincia, Gastón Mercado Luna, se refirió a “las recientes intervenciones de organismos nacionales” sobre lo resuelto por la Justicia local en el caso “Arcoíris”. El funcionario judicial consideró que se está “avanzando sobre la institucionalidad de un Estado de Derecho”.

 

 

En reunión del cuerpo de defensores oficiales del Ministerio Público de la Defensa, el titular del área, Gastón Mercado Luna, transmitió su “apoyo irrestricto” al “desempeño” de las autoridades y equipo del área, a quienes les garantizó “su absoluta independencia en el plano procesal” en el caso de trascendencia provincial y nacional en el que se ve involucrada una niña de 6 años. En la oportunidad, el Defensor General también manifestó “su honda preocupación por las recientes intervenciones de organismos nacionales en la jurisdicción avanzando sobre la institucionalidad de un Estado de Derecho“.

En un comunicado emitido desde los portales oficiales del organismo, expresan: “A raíz de los últimos acontecimientos en relación a la intervención de organismos nacionales en el caso “Arco Iris” (sic), el Defensor General Dr. Gastón Mercado Luna convocó a una reunión de carácter urgente a todos los Defensores Oficiales que integran el Ministerio Público de la Defensa a fin de manifestar su “apoyo a la actuación de los defensores de niños, niñas y adolescentes, y ratificarles su autonomía e independencia procesal para los casos en los cuales intervengan y alentarlos a continuar trabajando de manera independiente; afirmados en nuestra obligación de defender el interés superior de los niños”, sostuvo Mercado Luna.

El Estado y el interés superior del niño y la niña

Seguidamente, agregó: “como padres, todos tenemos derecho a defender a nuestros hijos, pero como padres no somos dueños exclusivos de sus derechos. El Estado tiene un interés superior, y lo ejerce a través de los Defensores Oficiales creados por la Constitución. El Estado comparte ese objetivo y en algunos casos le impone a los padres ciertas obligaciones para con sus hijos. El Estado a través de sus leyes y de los organismos de protección de la infancia actúa cuando los derechos de sus representados se vieran afectados. El Estado NO cede esa potestad y tampoco desvía su verdadero interés y compromiso que no es otro que el interés superior del niño”, dijo Mercado Luna ante los funcionarios”.

“Los niños, niñas y adolescentes NO son propiedad de los padres”

El texto también expresa: “Tal como lo indica la Convención de los Derechos del Niño y de la cual los estados son parte, ‘cuando el derecho de un niño entra en contacto con los derechos del adulto; el del niño viene primero‘. Los derechos de los padres no están por encima de los que el Estado resguarda en favor de los hijos e hijas. Los niños, niñas y adolescentes NO son propiedad de los padres, tienen un representante en la justicia que es el Defensor de N,N, A quien entiende que son sujetos plenos de derecho, y no la prolongación de los derechos de los adultos“.

“Vemos con preocupación la intromisión de poderes nacionales en cuestiones de competencia provincial”

En tanto, en el encuentro que se desarrolló en su despacho en horas de la mañana, el Defensor General expresó: “nosotros, como Ministerio Público de la Defensa, nos negamos a entrar en discusiones que sólo persiguen el uso de la fuerza para imponer sus argumentos. Nuestra función es otra. Desde la Defensoría no se está atentando contra ningún colectivo y mucho menos el integrado por mujeres que son las mismas que conforman nuestra institución; muchas de ellas también madres y que trabajan incansablemente en favor de los derechos de otras mujeres y sus niños. Diariamente damos respuesta a cientos de mujeres en cuestiones de alimentos, derecho de comunicación, cuidado personal, entre otros”.
“Es a raíz de este caso que ha tomado trascendencia nacional, buscando menoscabar la labor y desempeño de nuestros integrantes, es que vemos con preocupación la intromisión de poderes nacionales en cuestiones de competencia provincial avasallando la autonomía, el federalismo y la división de poderes, en resumen: el republicanismo. En toda causa o proceso existe la vía de la apelación a instancias superiores como lo es la Corte Suprema de Justicia. Esperamos que en nombre de la justicia no se atropelle a la misma, violentando el federalismo y la autonomía provincial en materia de justicia, caso contrario estaríamos ante una inminente intervención del poder judicial riojano”, les advirtió Mercado Luna a los magistrados.

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Por: María Vázquez

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