Convocada por las comisiones de Salud y de Género de la Cámara de Diputados y la Secretaría de la Mujer y Diversidad quedó conformada, este lunes, una mesa interinstitucional para analizar la implementación de la ley 27.610 de interrupción voluntario del embarazo (IVE) y su protocolo para la atención integral al que adhirió La Rioja.
Participaron autoridades y efectores del Ministerio de Salud, representantes de la obra social APOS y la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. En La Rioja, la Coordinación del Programa de Salud Sexual, Género y Diversidad que depende de la cartera de salud se encarga de la implementación de la norma en articulación con otras instituciones.
Según los datos de ese programa, en el 2021 se realizaron 538 prácticas de IVE y en lo que va de este año, 126. La Rioja cuenta con 21 profesionales que garantizan el acceso a un aborto legal, cifra que fue en aumento, pero aún es insuficiente.
Las personas convocadas a la mesa hablaron sobre los avances y desafíos respecto de la accesibilidad y la garantía de la práctica, la necesidad de trabajar en la información, la capacitación, la comunicación, la importancia de diferenciar entre la objeción de conciencia y la obstaculización, las responsabilidades y la violencia institucional establecida en la ley 26485.
“Desde la Legislatura, hemos hecho una convocatoria a diferentes áreas de gobierno, a actores que tienen participación en la ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo, y la vocación es analizar dónde estamos y dónde hay que trabajar para que la aplicación de la Ley sea efectiva y sin dilaciones”, explicó la diputada Lourdes Ortiz, integrante de la Comisión de Género. Hizo referencia a la objeción de conciencia la decir que “es necesario conocer cuáles son los límites de la objeción y de qué manera vincular la información tanto para profesionales como para la comunidad”. “En función de eso vamos a trabajar para seguir garantizando el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a las personas porque es nuestra responsabilidad institucional”, afirmó. La mesa volverá a reunirse en el mes de mayo y se ampliará la convocatoria.
La Ley 27.610 regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar y de aplicación obligatoria en todo el país. Las mujeres y personas con otras identidades de género tienen derecho a interrumpir su embarazo: Hasta la semana 14, inclusive, sin tener que explicar los motivos de su decisión; y cuando el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro su vida o su salud.
Asimismo, todas las personas tienen derecho a la atención post aborto más allá de si el mismo se produjo o no en las situaciones previstas por la ley, y al acceso a métodos anticonceptivos.
