La jueza de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores Nº 1, María Eugenia Torres, ordenó el allanamiento en el domicilió de la comunicadora Manuela Calvo para secuestrar todos sus elementos de trabajo que “se encuentren relacionados o se mencione de manera expresa al caso Arcoiris”.
“Calvo Manuela Desobediencia a la autoridad” que tramitan por ante este juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores n°1, donde se ha dispuesto librar el presente a los fines de hacerle saber que por resolución del día de la fecha se dispone al allanamiento autorizándose el uso racional de la fuerza pública para proceder al secuestro de todo dispositivo electrónico que se encuentra en poder de la denunciada en autos. (celulares, tablet, computadora, notebook, notebooks, y/ o todos otros aparatos tecnológicos similares destinados a comunicación grabación de voz o video, como así también todo documento que se encuentra relacionado o se menciona en forma expresa a la niña “Arcoiris” todo ello en razón de la supuesta autoría del delito de desobediencia a la autoridad artículo 239 del C.P.A”, dice la orden que llevó adelante la policía con la colaboración de la Policía Técnica Judicial.
Calvo, desde su cuenta de twitter, publicó la medida judicial y contó que “desconocía el origen de la orden que solo estaría vinculada con un corto de dibujos animados de ficción que padeció censura previa”. “No estrené el documental del caso, no publiqué el corto de ficción censurado, borré 20 publicaciones en redes sociales, que tenía alguna referencia al caso, y no volví a compartir ni una noticia de terceros”, escribió Calvo. “No vinieron a buscar una niña como miente quien lucra por defender pedófilos”.
Allanaron mi domicilio, se llevaron mis herramientas de trabajo y las de mi marido y no me dejaron ni un papel de comprobante de lo que se llevaron. No se ni porque dieron esa orden, solo se que esta vinculado con un corto de dibujos animados de ficción que padeció censura previa
— Manuela Calvo (@lamanuc) June 5, 2022
Distintas organizaciones como la Red de Comunicadoras de La Rioja, FOPEA (Foro de Periodismo Argentina), la Mesa de Género del PJ y desde la Secretaría de la Mujer y Diversidad de La Rioja se expresaron su preocupación en relación al accionar de la justicia contra la libertad de expresión y de prensa y se solidarizaron con la comunicadora.
La Red de Comunicadoras de La Rioja expresó su “repudio y alertó sobre el grave accionar de la Justicia riojana en contra de la libertad de expresión y de prensa, quien este domingo con una orden de allanamiento al domicilio de la periodista Manuela Calvo secuestró todos sus elementos de trabajo para impedir que se refiera al caso Arcoíris, donde se denuncia el abuso sexual a una menor de 4 años por parte de su abuelo paterno”.
“Nuevamente y acudiendo a un extremo recurso judicial como el allanamiento y secuestro de los materiales de trabajo, la justicia riojana intenta prohibir la difusión de información y acallar todo lo referido un caso emblemático en nuestra provincia que, desde hace tres años los movimientos, organizaciones y medios feministas vienen denunciando por vulnerar el derecho de las infancias, dice el comunicado y agrega que “bajo la supuesta desobediencia a la autoridad, que alega la jueza María Eugenia Torres del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género N° 1 de La Rioja, no puede vulnerarse un derecho supremo como es la libertad de expresión o libertad de prensa en nuestro sistema democrático. Mucho menos considerando que el interés superior de la niña no es lo que se dirime en la causa que cita la jueza en su orden de allanamiento al domicilio particular de la comunicadora”.
Exigen “la urgente intervención de autoridades y organismos provinciales, nacionales e internacionales de Derechos Humanos para proteger el derecho a la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión periodística en todas sus formas, que se devuelva en las mismas condiciones que fueron retirados, todo lo secuestrado ya que se trata de las herramientas de trabajo de la comunicadora Manuela Calvo, el cese de la persecución judicial riojana a comunicadoras feministas que vienen reflejando en sus agendas y en los medios la vulneración a las infancias y el cese de las violencias que vienen sufriendo por este caso la madre de la menor, las abogadas, las comunicadoras y todas las personas que se pronuncian sobre el tema.
“La situación que hoy vivió Manuela Calvo es un ataque a la libertad de prensa, al ejercicio del periodismo en plena democracia y atenta contra el artículo 43 de la Constitución Nacional que expresa que “no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”. Las resoluciones judiciales de esta naturaleza no hacen más que afectar el ejercicio de un periodismo con perspectiva de derechos humanos”, expresaron desde la Secretaría de la Mujer y Diversidad.
La Mesa de Género y Diversidad del PJ expresó su repudio a “al accionar desmedido de las fuerzas policiales durante el allanamiento a la comunicadora Manuela Calvo en el contexto de persecución que atenta contra la libertad de expresión; el atropello del abogado Emilio Pagotto al referirse de manera hostil, discriminatoria, misógina y clasista para con quiénes militan y defiende los derechos de las mujeres y diversidades ; y las amenazas vertidas por este mismo individuo al querer amedrentar a la Secretaria de la Mujer y Diversidad y la compañera Karen Navarro a razón de cumplir con el deber que el cargo le refiere.
El Foro de Periodismo Argentino, FOPEA adviertió sobre la gravedad institucional del allanamiento dispuesto este domingo por la Justicia riojana y reclama a las autoridades la inmediata devolución de las herramientas de trabajo secuestradas a la colega.
“En el sorpresivo allanamiento, la Policía le secuestró su computadora personal y su teléfono celular. FOPEA advierte que la medida judicial implica un avance claro sobre la libertad de expresión y que peligran garantías constitucionales como el secreto de las fuentes de información periodísticas. Esta protección está contenida incluso en los tratados internacionales de derechos humanos a los cuales Argentina adhiere, puesto que se trata de un derecho fundamental para asegurar un libre flujo de información entre los periodistas y sus diversas fuentes. La tutela alcanza no sólo a la reserva de las fuentes de un periodista, sino también a sus apuntes, archivos personales y profesionales, según la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dice el comunicado del Foro.
