El decreto establece que el personal estatal que esté en condiciones de jubilarse deberá iniciar el trámite ante la ANSES. Los gremios interpretan la medida como una decisión de la Provincia de jubilar de oficio y advierten que nadie quiere jubilarse porque pasarían a tener un salario que es un 60% del sueldo que tienen como trabajadores activos. Quejas y advertencias de APROSLAR y el SITRAPP.
El decreto del Ejecutivo Provincial que reglamenta el mecanismo de jubilación del personal de la Administración Pública no tardó en causar rechazo en el acto gremial estatal desde donde salieron a cuestionar la medida y a pedir dar marcha atrás con esa disposición.
Se trata del decreto 2108/22 que reglamenta el artículo 25 de la Ley N° 3870 y que, según advierten los gremios, se dispone la jubilación de oficio a aquellos estatales que tienen la edad requerida para jubilarse (60 años para las mujeres y 65 para los hombres) y que cuenta con los 30 años de servicio exigidos por la ley.
Según se informó desde el Gobierno, con el decreto en cuestión “quedó establecida la forma y los plazos en que los que las y los agentes de la Administración Pública Provincial y Municipal que -habiendo alcanzado los requisitos concurrentes de edad y años de servicio- estén en condiciones de obtener la jubilación ordinaria”.
El Gobierno explicó que los estatales que estén en condiciones de jubilarse “deberán iniciar el trámite, quedando para más adelante el inicio de las notificaciones formales”. “Si bien la normativa está en vigencia no está previsto aún iniciar con las notificaciones pero sí que es necesario realizar el trámite para el otorgamiento del beneficio previsional en ANSeS”, se indicó.
Asimismo, el Gobierno explicó que “la medida se enmarca dentro de la reorganización de la estructura de la Administración Pública en la que desde el inicio de la gestión del actual gobierno se viene trabajando de manera sostenida en la desprecarización laboral”.
En la Casa de las Tejas informaron que actualmente hay 2.000 trabajadores estatales en condiciones de jubilarse.
En este contexto, los gremios APROSLAR y SITRAPP salieron rápidamente a expresar su malestar por la normativa al sostener que, debido a que gran parte de los sueldos estatales no impactan en el básico, jubilarse significa para el empleado pasar a cobrar un haber pasivo que es sensiblemente menor al salario que tiene como trabajador activo.
“Los salarios de la Administración Pública Provincial son muy bajos y si a esto se le agrega que alrededor del 40% del sueldo está en negro, el valor de la jubilación va a ser la mínima. Es decir, más del 90% de los trabajadores estatales que se jubilan cobrará en La Rioja la mínima y que es de $ 50.353. Es entrar en un estado de pobreza avanzada, cerca de la indigencia”, afirmaron desde APROSLAR.
Para APROSLAR por los bajos salarios “la gran mayoría de los trabajadores en condiciones de recibir la jubilación no lo hacen y prefieren seguir trabajando”. “El 4 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial el decreto Nº 2.108 para jubilar de oficio aquellos trabajadores que estén en condiciones de hacerlo por la edad y años de aporte. Otro castigo para los trabajadores y su familia. No puede el gobierno avasallar de este modo”, se quejaron en la gremial médica.
En este contexto, APROSLAR dijo que el Gobierno provincial “debe retroceder con esta medida, no puede seguir agrediendo a la gente”. “Se debe blanquear los ítems en negro y aumentar sustancialmente los salarios”, reclamaron.
APROSLAR, que forma parte de la llamada Multisectorial en la que se nuclean varios gremios y organizaciones sociales y políticas, advirtió que ese frente sindical se declaró en estado de alerta y asamblea permanente ante la medida dispuesta. “Si el Gobierno sigue avanzando ante tanta arbitrariedad, se va a responder con diferentes acciones de envergadura”, advirtieron.
Las quejas también llegaron desde el gremio SITRAPP. “Cuando te jubilás pasás a un salario de indigencia. No estamos en contra de que los compañeros se jubilen, pero se les tiene que dar mejores condiciones”, afirmó el titular de ese gremio, Carlos Laciar.
El gremialista añadió que si bien el Gobierno “puede tener razón desde lo legal, la discusión es política y económica”. “Hoy aunque tengamos la categoría 24 tenemos la mínima, la gente no es que no quiera jubilarse sino que no pueden, porque no tienen una jubilación digna”, afirmó.
En la misma línea que lo planteado por APROSLAR, Laciar dijo que se analiza “el camino legal y la calle”. “Habrá amparos y protestas si esto ocurre”, avisó.
