El Gobierno nacional dejó de garantizar el cumplimiento de la 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable sancionada en 2002 y de la Ley 27.610, de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta última entró en vigor el 24 de enero de 2021 y regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE) y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar. Es de aplicación obligatoria en todo el país. La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hace referencia al derecho al aborto con la solicitud como único requisito hasta la semana catorce (14), inclusive, de gestación.
El pasado 28 de septiembre fue el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, fecha propuesta en el V Encuentro Feminista Latinoamericano realizado en 1990 en la ciudad argentina de San Bernardo. En esa oportunidad se conmemoró la promulgación de la Ley de Vientres en Brasil, el 28 de septiembre de 1871, día a partir del cual se consideraron libres a hijas e hijos de las mujeres esclavas.
Este año, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito denunciaron el recorte presupuestario por parte del Gobierno de Javier Milei que atenta contra los derechos conquistados: “Alertamos que el desfinanciamiento presupuestario, los despidos a trabajadoras y trabajadores de la salud pública, el desmantelamiento del Plan ENIA y la falta de envío de insumos a las provincias ponen en riesgo el acceso a los servicios de salud sexual y (no) reproductiva, el derecho a la información, la distribución gratuita de métodos anticonceptivos y el suministro de misoprostol y mifepristona para garantizar abortos”.
“Hoy en día, la ley de IVE está completamente desfinanciada, al igual que la salud sexual en general”, aseguró Marta Llanos, coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de La Rioja. En declaraciones a Radio La Red, Llanos afirmó que el Gobierno provincial garantiza la ley porque asumió “la responsabilidad de garantizar este derecho”. “No se recibió ningún tipo de financiamiento para los insumos o medicamentos necesarios para la interrupción del embarazo, y tuvimos que manejarnos con los insumos de gestiones anteriores y buscar alternativas”.
“Estamos en la compra de misoprostol y también contamos con un flyer que será actualizado constantemente para informar sobre los lugares donde se brinda atención de IVE”, comentó Llanos. La Rioja registró en el 2021, 500 prácticas; en el 2022, 1034; en el 2023, 1250; y en lo que va del 2024 ya se ubican en 600.
Para poder afrontar la demanda y ante la falta de insumos se determinó garantizar IVE en el sistema público a personas con cobertura pública exclusiva. Antes, podían brindar acceso a todas las personas, pero en la actualidad “no hay insumos que alcance”, afirma. También es una modalidad para que las obras sociales brinden cobertura.
Los y las profesionales de la salud que intervienen de manera directa en la interrupción del embarazo tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia; es decir, a no realizar la práctica de interrupción debido a profundas convicciones personales pero tienen siempre la obligación de informar sobre el derecho a IVE/ILE y derivar de buena fe y en forma inmediata a otra/o profesional que garantice la práctica. Es decir, ser objetores de conciencia no significa poner barreras para garantizar el acceso a un derecho.
Y aún, quienes sean objetores, no pueden negarse a la realización de la interrupción en caso de que la vida o la salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata; tampoco cuando no hubiera un/a profesional disponible para realizar la práctica de forma oportuna. No pueden ser “objetores” quienes no realizan directamente la práctica de interrupción, como quienes deben garantizar, por ejemplo: realización de ecografías, toma de tensión arterial o la temperatura, seguimiento post aborto, dispensa de medicamentos, anestesia, entre otras.
En La Rioja, y de acuerdo con la información brindada por Llanos, disminuyó en el número de profesionales dispuestos a realizar estos procedimientos, lo que constituye una debilidad importante en la implementación de la ley”.
El Gobierno de La Rioja, en su sitio web, publica todos los centros de salud donde se puede acceder a una práctica de interrupción del embarazo.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), junto con Amnistía Internacional Argentina, realizaron un pedido de información pública al Ministerio de Salud de la Nación que confirmó que, desde diciembre de 2023, el Estado Nacional no hace envío de misoprostol, mifepristona, combi pack o cánulas para aspiración manual endouterina (AMEU). En el mes de agosto finalizaría un proceso de licitación de insumos para aborto que podrían llegar durante octubre y noviembre.
Según el reporte anual del Proyecto “Mirar Logros de la política de acceso al aborto y amenazas actuales”, la tasa nacional de IVE ILE fue de entre 7 y 8 abortos cada 1000 mujeres en 2023. Es variable según cada provincia. Las tasas más altas se dan en San Luis y Jujuy. Los efectores que proporcionan acceso a IVE ILE varían desde el 2% del total de efectores públicos en Chaco al 100% en CABA. 9 de cada 10 personas que acceden al aborto tienen 20 años o más y de 7 a 9 de cada 10 solicitudes se presentan antes de la semana 12. Los procedimientos con medicamentos son los más utilizados. Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones y Santa Fe tienen líneas telefónicas propias que asesoran sobre acceso al aborto
El informe da cuenta que “durante 2020 (la ley IVE se sancionó el 30 de diciembre de ese año), se distribuyeron 18.590 tratamientos de misoprostol. Esta cantidad se cuadruplicó en 2021, ya que se distribuyeron 74.071 tratamientos para responder a la demanda de interrupciones voluntarias y seguras en el marco de la ley dentro del ámbito de las instituciones de salud pública. En 2022, gracias a una donación aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), se distribuyeron un total de 62.323 tratamientos de misoprostol y 28.577 tratamientos combinados de mifepristona y misoprostol. En 2023, se registró la mifepristona producida por un laboratorio comercial local y el acceso al medicamento fue posible también para usuarias de los subsectores de obra social y privado. En 2023, la distribución a centros de salud y hospitales continuó aumentando, alcanzando un total de 166.164 tratamientos”.
IVE/ILE
A partir de esta ley, la 27.610, las mujeres y personas con otras identidades de género tienen derecho a interrumpir su embarazo:
– Hasta la semana catorce (14), inclusive, sin tener que explicar los motivos de su decisión.
– Cuando el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro su vida o su salud.
Asimismo, todas las personas tienen derecho a la atención post aborto más allá de si el mismo se produjo o no en las situaciones previstas por la ley, y al acceso a métodos anticonceptivos.
