Son los empleados que pasaron a planta y no pueden cobrar su sueldo. Es en el marco del conflicto por los nombramientos masivos que realizó la funcionaria macrista. El vice intendente quedó imputado en una causa por daños producidos en la residencia del Gobernador.
La situación de los Programas de Empleo Municipal explotó por los aires convirtiéndose en el centro de la agenda política de La Rioja y en un contexto electoral que sirvió de escenario para instalar, desde la demagogia, una bomba que terminaría implosionando en el municipio de la capital riojana.
Sucede que, días previos a las elecciones, la intendenta de Capital Inés Brizuela y Doria, pasó a planta a más de 1000 trabajadores precarizados, a quienes el municipio les depositó los haberes del primer mes como empleados permanentes del Estado.
Sin embargo, como las autoridades comunales no hicieron las previsiones presupuestarias para cubrir este gasto de manera sostenida en el tiempo, los trabajadores se quedaron sin cobrar el segundo mes. Pero no sólo eso, también dejaron de percibir otros beneficios otorgados por el Estado nacional, como la AUH, la Tarjeta Alimentar, entre otros. Es decir que no perciben sus haberes, ni como planta, ni como precarizados, además de haber perdido todos los beneficios sociales.
Es así que los empleados municipales, al no obtener respuestas, decidieron iniciar acciones legales contra la Intendenta. Algunas de esas denuncias son por abuso de la autoridad y violación de los deberes de funcionario público previsto en el artículo 209 y 248 del Código Penal aduciendo, en esa denuncia, que las designaciones «terminaron ocasionándonos más perjuicios de los esperados basados en su accionar malicioso, temerario e irresponsable por realizar los pases de manera irregular, sin contar con los fondos correspondientes para afrontar los gastos provenientes de los sueldos».
También destacan que estos pases a planta, se hicieron «contrariando las partidas presupuestarias prevista por la Ley para el Municipio» y que a la fecha no cobraron sus sueldos, causando «lesiones a los derechos subjetivos que administra como intendenta de Capital, y que en este caso se trata del derecho de los trabajadores a recibir un sueldo digno».
Como se recordará, el Tribunal de Cuentas Municipal, a días de realizarse los nombramientos, decidió iniciar un proceso de auditoría sobre las designaciones realizadas por la intendenta Inés Brizuela y Doria que se negó a brindar información pública agrediendo a funcionarios y vocales del mismo tribunal.
La intención que tenía el ente de contralor era supervisar, a través de una auditoría, el proceso de nombramientos masivos a planta para corroborar que los mismos se hayan hecho en base a criterios objetivos, teniendo en cuenta su antigüedad, por ejemplo, y si estaban hechas debidamente las modificaciones e imputaciones presupuestarias.
El vice intendente imputado por daños a la residencia
También, el vice intendente de la capital riojana, Guillermo Galvan, quedó imputado en la causa por “Privación ilegal de la libertad personal” que investiga los daños producidos en la residencia del gobierno de la provincia donde fueron quemados los accesos y limitada la circulación de los trabajadores del lugar. También quedaron involucrados judicialmente dos empleados municipales que habrían participado de la manifestación. El hecho ocurrió el lunes 8 de noviembre cuando un grupo de militantes de la intendenta macrista, alcoholizados y violentos, atacaron con piedra, botellas y fuego la residencia del gobernador Quintela, agrediendo, además, a un grupo de periodistas, situación que repercutió en los medios nacionales. Por eso, la justicia riojana intenta saber qué grado de responsabilidad la cabe a las autoridades de la comuna en ese hecho de vandalismo.
El Operativo de Emergencia Sanitaria durará 48 horas
A raíz del conflicto entre los trabajadores municipales con la intendenta del Departamento Capital de La Rioja, que llevó a la toma de edificios públicos y la paralización del servicio de recolección de residuos, el gobernador Ricardo Quintela tuvo que decretar la Emergencia Pública Sanitaria dado que la formación de microbasurales ponía en riesgo la salud de las personas.
De esta manera ser 500 personas participaron del operativo entre ellas 130 fueron voluntarios municipales y 370 voluntarios del Comité Operativo de Emergencia (COE), quienes se realizaron la recolección de 750 toneladas de residuos sólidos urbanos en lo que hace a recolección domiciliaria, de microbasurales y acumulación de basura en la vía pública. Además hicieron desinfección con hipoclorito, fumigaciones con termo nieblas en focos infecciosos.
Finalmente se informó que este operativo durará 48 horas.
