Diputados aprobaron designaciones de nuevas juezas

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Gustavo Molina
Periodista

En la sesión de este jueves, los diputados avalaron la nómina de postulantes para cubrir cargos en la primera, segunda y cuarta circunscripción judicial, con asiento en las ciudades de Capital, Chilecito y Aimogasta, respectivamente.

En este contexto, la miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputada Griselda Herrera mencionó que en el concurso Nº 120 resultó primera en el orden de mérito, María Eugenia Torres, quien fue designada jueza de Instrucción en lo Criminal y Correccional para la 1º Circunscripción Judicial – Sede Capital.

En segundo término, mediante concurso Nº 121, Andrea Gabriela Gordillo Papich fue ungida como jueza de Ejecución Penal, para la 2º Circunscripción Judicial – Sede Chilecito.

Asimismo, a través del concurso Nº 122 fue designada María Florencia Alfonso como nueva jueza de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, en la 2º Circunscripción Judicial – Sede Chilecito.

Finalmente, en el concurso Nº 123 resultó designada Sandra del Valle Molina, a cargo del juzgado de Instrucción en lo criminal y correccional, para la 4º Circunscripción Judicial – Sede Aimogasta.

Prórrogas

A instancias del Bloque Justicialista fue aprobado el proyecto de ley que prorroga el plazo de un año establecido en la Ley Nº 8.214 hasta el 31 de diciembre de 2023, con la suspensión de plazos de ejecuciones hipotecarias de vivienda única y familiar.

Además, por el lapso de un año se prorrogó la ley de “adjudicación de uso a favor de la Cooperativa de Trabajo Chamical Ltda.”.

Ley Micaela

Desde el estrado, la vicegobernadora Florencia López convocó a los legisladores a participar de la capacitación sobre la Ley Micaela, que se llevará a cabo el próximo miércoles 07 de diciembre, a las 9 hs. en dependencias de casa central de la Legislatura.

Es menester recordar que la Ley Micaela o Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado es una ley que fue promulgada en Argentina en el año 2018 y establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación en la República Argentina.