Este miércoles, las autoridades del Tribunal Superior de Justicia, junto al gobernador Ricardo Quintela, presentaron diversos proyectos de Reforma de Ley Judicial, los que serán enviados a la Cámara de Diputados de la provincia para su correspondiente tratamiento
En ese contexto, el gobernador Ricardo Quintela estableció que “es un avance muy importante, en el código de procedimiento del juzgado de familia, el código penal, el juicio por jurados y, por eso, me interesa que La Rioja se acople a las provincias argentinas que avanzaron cualitativamente en la administración de la justicia”.
Además de un nuevo Código de Procedimiento del Fuero de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes y Adultos Mayores de la Provincia de La Rioja; la reforma contempla un Código de Procedimientos Penales de la provincia de La Rioja; la Ley de Acceso a la Justicia (Casas de Justicia), un proyecto para el establecimiento de Juicios por Jurados; un nuevo Código de Convivencia y un proyecto de la Ley Orgánica de la Justicia Penal.
“Es importante que los ciudadanos tengan una justicia rápida, y vamos a administrar esa justicia en el tiempo más corto, y como se merece la ciudadanía”, destacó el primer mandatario.
Al respecto, la vocal del TSJ, Karina Becerra destacó que esta iniciativa “es el resultado de muchos años de trabajo; cuando el Gobernador asumió, planteó la necesidad de una reforma judicial y nos encargó a varios organismos del Estado ponernos a trabajar en ello y así lo hicimos de manera conjunta con las organizaciones intermedias; ya en el Poder Judicial, pedimos el aporte de todos los jueces que tienen experticia y que podían sumar desde su conocimiento”, contó.
Sistema adversarial
“Las seis leyes que se presentan hoy tienen que ver con un buen diagnóstico que se hizo, donde el Código de Familia trata la cuestión más sensible, que es la que contempla a niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y discapacidad”, explicó la titular del Consejo de la Magistratura, Karina Becerra.
En ese mismo marco sostuvo que “el código de procedimiento penal es un cambio de paradigma, pasando a una justicia reparativa, con un sistema adversarial, donde se da mayor trabajo al fiscal, y se da un empoderamiento de la víctima, ampliando los métodos resolutivos”.
“Cuando hablamos de la ley de jurados, ya se viene planteando desde la Asamblea de 1813, cuando se decía que los que cometían delitos, debían ser juzgados por sus pares. Atendiendo eso se fueron implementando distintas formas de la Constitución”, afirmó.
“Aquí tiene la particularidad, y a mi entender, una estrategia democrática la posibilidad de combinar estas dos visiones del Poder Judicial con la comunidad. La posibilidad de que sean doce juzgados, de mujeres y hombres también favoreciendo a la perspectiva de género”, remarcó la magistrada.
Para ello, dijo, se requiere el “acceso a la justicia, resoluciones rápidas e inmediatas, y de esa manera, llegar a la paz social de forma más rápida e inmediata”.
En cuanto al código de familia comentó que en el proyecto surge que, “el 67 por ciento de las causas son de familias y por eso habrá una reasignación de competencias, y habrá solamente juzgado de familia, que será implementado en la Capital primero y luego de forma paulatina con el interior”.
“Las funciones son tres, Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y hoy estamos aportando desde el poder judicial la posibilidad que diputados puedan trabajar lo mejor de lo que se pudo haber aportado”, añadió.
Finalmente expuso que “el objetivo es hoy llevar la justicia a cada uno, aun cuando el costo individual sea alto, pero honrando la función que nos toca en todos los días de nuestras vidas”.
Seguidamente se mostró un video a los presentes con la palabra el Presidente del INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), Alberto Binder, quien además es asesor de proyectos de reforma judicial en diversas provincias argentinas y países de América Latina.
Sobre el proyecto
Se exponen aquí algunos aspectos que tenderán a la modernización del Código Procesal Penal, la organización de comisiones de trabajo que incluyan las instituciones que tienen bajo sus competencia la aplicación de la ley y la experticia para llevar a cabo el diseño normativo de esta reforma.
Se pretende entonces, la creación de los juzgados de familia, niñas, niños y adolescentes y, ley de procedimiento. Para ello, se incorpora una nueva instancia de mediación prejudicial obligatoria que reduce los juicios y costos, y que se suma a la mediación comunitaria que ya venía siendo realizada por la Secretaría de Justicia de este Gobierno.
Se prevé la intervención permanente de un cuerpo de abordaje especializado en todos los procesos (psicólogos, trabajadores sociales, etc.).
Se incorpora la perspectiva de protección de los sujetos más vulnerables de la sociedad: niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas en situación de incapacidad, mujeres víctimas de violencia de género y de violencia intrafamiliar.
Se garantiza el acceso a la justicia y gratuidad de los procesos para los sujetos en situación de vulnerabilidad.
Las resoluciones deben tener un lenguaje claro y accesible para todos y todas.
Se integrarán juzgados de especialidad en fuero de familia donde parte de estos juzgados se reorganizarán a través de la reasignación de funciones y competencias de los ya existentes, para poder optimizar los recursos humanos y administrativos.
Ley de acceso a la justicia (casas de justicia)
El proyecto de ley busca garantizar el acceso igualitario al sistema judicial, en donde todos los habitantes de La Rioja tienen la posibilidad de ejercer sus derechos y resolver sus conflictos de manera igualitaria, de forma gratuita, es decir que no existan razones económicas, personales o de cualquier otra índole impidan el acceso a los tribunales, las instancias administrativas y la tutela judicial; removiendo todos los obstáculos que impidan a las personas acceder en condiciones de igualdad, oportunidad, oralidad, sencillez y rapidez al servicio de administración de justicia.
Juicio por jurados
El juicio por jurados es un pilar fundamental en el sistema democrático de administración de justicia, asegurando la participación ciudadana en las decisiones judiciales, así como la publicidad y transparencia que debe signar la actividad de todos los órganos estatales del sistema republicano.
Permite el acercamiento recíproco de la sociedad civil al sistema judicial, hacia la sociedad civil, en un fructífero intercambio de visiones que involucren la administración de justicia con la realidad social.
Al facilitar el acercamiento del pueblo a la justicia se construye un ejercicio responsable de la ciudadanía, comprometiendo a los habitantes con su decisión y legitimando así democráticamente las resoluciones judiciales en los casos más graves en materia penal.
Código de convivencia
En este caso contempla una modificación de la ley vigente, incorporando los nuevos paradigmas de las cuestiones de género y su implementación.
