En sesión del Consejo Superior de la Casa de Estudios, representantes de los diferentes espacios políticos -incluso el oficialismo- retomaron las críticas a las autoridades de la OSUNLaR por la insistencia en la compra de un inmueble de cerca de 450 millones de pesos en Córdoba. Además, denunciaron la incompatibilidad para ocupar los cargos de Vicerrectora y Presidenta de la obra social por parte de María del Carmen Corzo.
En sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Rioja del pasado lunes, el presidente del cuerpo y rector de la casa de estudios, Daniel Quiroga, confirmó la presentación ante la Justicia Federal de un pedido de declaración de certeza sobre la asamblea realizada por la OSUNLaR, en la que se abordó la compra de un inmueble en la ciudad de Córdoba.
Previamente, en sesión del mes de septiembre, el máximo órgano de gobierno universitario había votado la suspensión de la asamblea de la obra social. Esto “nos coloca en una situación de incertidumbre jurídica”, aseguró Quiroga en su informe rectoral.
Intervención del consiliario docente Horacio Abud y del decano del Departamento de “Exactas”, Miguel Molina
Entrado el debate, y al llegar al punto en el que se trató el informe del síndico de OSUNLaR, representantes de los distintos espacios que componen el CS (incluyendo a Consenso, sector referenciado con la gestión rectoral) se pronunciaron en tono crítico sobre el accionar de la obra social, y puntualmente hacia su presidenta –y vicerrectora de la universidad-, María del Carmen Corzo.
Tomando como referencia el informe en cuestión, las y los consiliarios cuestionaron la realización de la asamblea de la obra social, posterior al pedido del Cuerpo para que la misma no se hiciera teniendo en cuenta “las irregularidades” advertidas por el informe previo del síndico Fabricio Zapata y las imprecisiones observadas en la operatoria de compra de un inmueble en la ciudad de Córdoba por cerca de 450 millones de pesos.
Entretanto, se dio lugar a la participación del gerente general de OSUNLaR, Federico Díaz Martínez, quien negó la realización de la operación mencionada y desechó las especulaciones sobre que ya se haya entregado un pago previo a modo de “seña” de compra; sin embargo, las autoridades de OSUNLaR insistieron en la necesidad de concretar dicha transacción y remarcaron la autonomía y soberanía de la asamblea de la misma.
Ante esto, la mayoría de las y los presentes reiteró el rechazo a la eventual operación comercial de estas características y reafirmaron la dependencia de la obra social con la UNLaR, y puntualmente con lo que se decida desde el Consejo Superior.
Sesión completa del Consejo Superior
Lo que se dijo
“La salud no cuesta 400 millones de pesos”, indicó Betina Olmedo (Consenso), al tiempo que exigía mayor cobertura sanitaria; “se nos ha faltado el respeto (como Consejo Superior), acá votamos con la presencia de la Vicerrectora que esa asamblea no debía hacerse”, se pronunció Liliana Ortiz Fonzalida (FACU+); a su vez, la decana del Departamento de Sociales, Miriam Azcurra (Consenso), expresó: “me siento afectada como afiliada de OSUNLaR (…) yo quería saber por qué el Consejo Superior decidió una cosa y después se hizo oídos sordos”; “me parece preocupante, (…) creo que estamos dando explicaciones a hechos que se hicieron posteriores a una decisión tomada por el Cuerpo”, dijo la decana de Salud, Natacha Minué (Consenso).
Por otra parte, Adrián Mercado (Consenso) consideró que “invocar a la justicia federal es simplemente un acto de intentar ganar tiempo; posiblemente la justicia se va a expedir cuando ya no sea más este mandato y no atreverse, en este caso el Presidente del Consejo Superior (Daniel Quiroga) en resolverlo”; “no puedo armar una asamblea y ponerme a decir que son la mayoría cuando son un 4 o 5% (en referencia a la convocatoria lograda en la asamblea cuestionada) (…) no se puede desconocer lo que se sanciona en el Cuerpo”, disparó la decana de Humanas, Mercedes Cáceres (FACU+); “la situación es política”, aseveró Marcos Andrada (FACU+); y Astrid Mercado (FIR) cuestionó a consiliarios que votaron para que no se haga la asamblea y luego asistieron a la misma respaldando su concreción.
También se pronunció Horacio Abud (FACU+): “Desde mi punto de vista médico (tal es la profesión del consiliario) creo que una obra social tiene una serie de prioridades y funciones antes que un proyecto inmobiliario”, opinó, al tiempo que calificó como “exagerado la cantidad de metros cubiertos y cuadrados” del edificio a adquirir. Por último, el decano de Exactas, Miguel Molina, en dirección a María del Carmen Corzo, denunció la incompatibilidad horaria, legal y de intereses para ocupar los cargos de Vicerrectora y Presidenta de OSUNLaR, y reafirmó la vinculación entre la obra social y la casa de estudios.
