En lo que va del 2022 la Unidad Fiscal recibió 894 denuncias. La Secretaría de la Mujer y Diversidad lleva registrada hasta el mes de julio 456 admisiones.
Cada vez más mujeres en situaciones de violencia por razones de género se animan a hacer visible su caso y denunciar. Así lo indican las estadísticas tanto de la Unidad Fiscal de Violencia del Ministerio Público Fiscal como del Ministerio Públicos Fiscal (organismo judicial) como de la Secretaría de la Mujer y Diversidad (organismo proteccional)
La semana pasada, desde el Unidad de Violencia de Género, informaron que en lo que va del 2022 llevan registradas 894 denuncias, un número superior al año anterior. En el 2021 la cifra llegó a 922. Explicaron que el aumento de las denuncias responde a “la divulgación de información y de la ley de protección integral 26485 y la toma de conciencia porque también se acercan al organismo judicial familiares de mujeres que padecen violencias”. La norma nacional, sancionada en 2009, establece tipos y modalidades de violencias por las que pueden atravesar mujeres y diversidades.
Sobre esa estadística, los delitos más denunciados son amenazas, lesiones leves calificadas por el vínculo, violencia económica y patrimonial, desobediencia a la autoridad y violencia digital.
“Todas las causas tienen un abordaje interdisciplinario y una resolución, aún aquellas que no se encuadran dentro de lo penal, como las de violencia psicológica, simbólica; a las cuales también se les solicita medidas cautelares de protección de las personas, como cese de hostigamiento, por ejemplo.”
La Unidad Fiscal de Violencia brinda un acompañamiento a las personas que padecen violencias, se les informa de manera telefónica y/o personal sobre el avance de las causas y solicitan a las juezas de Violencia de Género, medidas cautelares de protección. “Estas medidas son para evitar toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta afecte la vida, la libertad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de la víctima; como así también su seguridad personal.
También se duplicaron los pedidos de geolocalizadores para el resguardo de la víctima y la rápida localización del agresor que incumpla la medida cautelar impuesta. Frente a los casos de incumplimiento reiterado, se solicita la detención del individuo.
El organismo judicial trabaja en contacto permanente con las Unidades Fiscales de Asistencia a la Víctima y Flagrancia dependientes también del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, con áreas gubernamentales, como la Dirección de Discapacidad, quienes, por ejemplo, colaboran con profesionales para entrevistar a víctimas con discapacidad auditiva.
Las estadísticas de la Secretaría de la Mujer y Diversidad de La Rioja, indican también que desde 2019, los casos vienen en aumento. El organismo proteccional, que no recibe denuncias, registró en el 2019 un total de 381 casos, en el 2020, 405 en plena pandemia y con asistencia telefónica. La cifra subió a 1100 en el 2021 y en lo que va de este año, al mes de julio, ya llevan registradas 456 admisiones.
La Secretaría cuenta con un equipo interdisciplinario para realizan “un abordaje psicosocial”. Está compuesta por trabajadoras sociales, abogadas y psicólogas que brindan asesoramiento y asistencia. También cuenta con un dispositivo de protección para resguardar a las víctimas.
«La violencia por razones de género es muy compleja, tiene muchas variables que atraviesan, en donde hay presencia de hijos, hijas, situaciones económicas, contextos socioeconómicos, socioafectivos entre otros. Son entrevistas que la realiza una trabajadora social» explicó la subsecretaria de Promoción y Protección Integral, Carla Ballesteros.
Resaltó que «ante una situación de violencia, lo primero que hay que hacer es activar la denuncia porque los que pueden hacer intervenciones sustantivas es la Justicia”. “Tenemos un lugar de protección integral, que es un espacio transitorio hasta que salgan las medidas de protección judicial. En muchos casos no hay denuncias previas por lo que debemos acompañar a la víctima a realizarla, se asesora respecto a eso. En otras situaciones somos nosotras quienes realizamos esa denuncia, en donde después las víctimas deben ratificar para que avance el proceso», dijo la funcionaria.
Violencia digital
La diputada nacional, Mónica Macha, junto al espacio de víctimas de violencia digital “Ley Olimpia Argentina” y la organización Género y TIC, presentaron en el Congreso dos proyectos “Ley Olimpia” y “Ley Belén”. Las iniciativas proponen incorporar la violencia digital como otra forma violencia contra las mujeres en el marco de la ley 26.485 e incorporar al Código Penal los delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o de desnudez, de los “porn deep fake” y de la llamada “sextorsión”.
La primera iniciativa está inspirada en el caso de Belén San Román, que fue inducida al suicidio luego de sufrir difusión no consentida de material íntimo, mientras que la segunda propone incorporar la violencia digital como otra forma violencia contra las mujeres en el marco de la ley 26.485, junto con la creación de medidas de protección para las sobrevivientes, políticas públicas tendientes a la educación digital y la prevención de estas agresiones, que se aplica en México por impulso de la activista Olimpia Coral Melo, que también fue víctima de esa situación.
