Impulsada por ONU Mujeres, este 25 de noviembre comienzan los 16 días de activismo contra la violencia de género, una campaña internacional liderada, cada año, por la sociedad civil. Inicia en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y se extiende hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, para demostrar que la violencia contra las mujeres es la violación de los derechos humanos más generalizada en todo el mundo.
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha quedó establecida para conmemorar los asesinatos de las hermanas Patria, Minerva, y María Teresa Mirabal, tres activistas políticas de República Dominicana que fueron asesinadas en 1960 por órdenes del gobernante de ese país, Rafael Trujillo.
La Argentina, un país modelo en cuanto a los avances en la lucha contra las violencias por razones de género, hoy es un ejemplo de retroceso ante desfinanciamiento de las políticas públicas contra las violencias hacia las mujeres y diversidades y que forman parte del desguace del Estado que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei. Dato no menor es que los feminismos ocupan la lista de enemigos del Presidente.
Transversalizar la perspectiva de género y derechos humanos requiera de políticas públicas, presupuesto para sostenerlas y revisión de patrones culturales para garantizar y cumplir con las normas. En este punto estábamos, en pedir la garantía de los derechos conquistados por parte del Estado. Hoy el Estado está ausente y desconoce la problemática de las violencias.
“Cada 10 minutos, una mujer murió a manos de su pareja o de un familiar en 2023, 1 de cada 3 mujeres sufre violencia a lo largo de su vida”, expresan algunos de los datos ONU Mujeres para manifestar la gravedad de la problemática. En la asamblea de Naciones Unidas, Argentina votó en contra de «intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas». Fue el único rechazo en una lista con 170 votos afirmativos y en el que en las abstenciones figuraron Corea del Norte, Irán, Rusia, Nicaragua, Burundi y Malí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA) convocó al Estado argentino pasado 14 de noviembre del 2024, a su sede en Washington DC, para explicar la grave regresión en políticas de género, en políticas sobre derechos sexuales y reproductivos y la falta de cumplimiento de compromisos internacionales. Organizaciones de la sociedad civil habían solicitado la audiencia para exponer evidencia sobre este retroceso en materia de derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ en Argentina, expuso ELA (Equipo Latinoamericano de Género)
El Gobierno no respondió las preguntas de la Comisión, ni hizo mención alguna sobre cómo va a cumplir con sus compromisos. Solo se limitó a reconocer la falta de atribución presupuestaria a estas políticas como un error y se comprometió a realizar una adenda al presupuesto nacional que hasta el momento peligra su tratamiento en La Cámara de Diputados.
En sus intervenciones ante la Comisión, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) expusieron información que evidencia sobre el grave retroceso en las políticas públicas destinadas a atender y erradicar la violencia de género, y a garantizar el acceso a servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva.
“Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno argentino ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+. Desmanteló políticas públicas exitosas; desprestigió, sin evidencias, las instituciones encargadas de garantizarlas; recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones, el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes”, armó Natalia Gherardi, directora Ejecutiva de ELA.
En relación con el desmantelamiento de las políticas públicas para el acceso a derechos sexuales y reproductivos, Lucila Galkin, directora de Género de Amnistía Internacional Argentina, armó que “la compra y distribución de insumos ha estado en cabeza del Estado Nacional desde la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en el año 2002, y por mandato constitucional el Ministerio de Salud de la Nación tiene la rectoría de la política pública. Sin embargo, repentinamente y por primera vez desde entonces, el Estado ha dejado librada a la capacidad de las provincias la provisión de insumos, sin ningún tipo de traspaso o transición a efectos de evitar poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres, lo que deviene en un contexto de absoluta desigualdad.”
Desde el 1° de enero al 24 de noviembre de 2024, se produjeron 239 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 3 lesbicidios, 7 trans-travesticidios y 20 femicidios vinculados de varones adultos y niños, según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro.
Los datos más relevantes son que 304 hijas /hijos quedaron sin madre, el 52% son menores de edad; el 53% de los agresores eran parejas o exparejas. Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia es su vivienda o la vivienda compartida con el agresor (59 % fueron asesinadas en su hogar). Y si bien los femicidios abarcan el territorio nacional, en términos absolutos Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Córdoba y Chaco.
“Actualmente, con el desmantelamiento de todos los programas dirigidos a la asistencia de las víctimas, vemos como todos los espacios que se ganaron en la materia retroceden, dejando a quienes necesitan ayuda a la deriva. Mientras el mundo avanza hacia un compromiso para desarrollar mecanismos de prevención de la violencia hacia las mujeres y niñas, Argentina retrocede, tal como lo vimos los votos negativos de nuestro país en la última asamblea de la ONU”, expresaron en un comunicado.
Desde la Red Par señalaron la eliminación y el desfinanciamiento de los organismos que desarrollaban políticas públicas relativas a los derechos de mujeres y diversidades; la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en los comunicados de los organismos oficiales; y el vaciamiento de las áreas de géneros que funcionaban en varios medios de comunicación.
También mencionan la perdida de fuentes de trabajo de columnistas de género que informaban y contribuían a la prevención, erradicación y concientización de la violencia hacia los géneros en los ámbitos en lo que se desenvuelven; los ciberataques por ejercer la libertad de expresión.
“Exigimos poder ejercer la práctica periodística con libertad y sin condicionamientos. Consideramos que la difusión de una sola voz hegemónica y complaciente con el gobierno actual atenta contra la democracia y la soberanía informativa”, afirmaron en este día de visibilización.
Las políticas de lucha contra las violencias
Previo a este 25N, la Secretaría de la Mujer y Diversidad firmó convenios de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio Público de la Defensa; Ministerio de Educación; Ministerio de Salud; Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social; y Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos para la Implementación Obligatoria del Formulario Único de Denuncias por Situaciones de Violencia de Género, que se encontrará disponible en todas las dependencias policiales.
Se trata de un formulario que permitirá avanzar no solo la unificación de datos sino además en el abordaje integral de las violencias de manera transversal por los organismos estatales porque permiten tener información detallada de las personas en situación de violencias.
