El 9 de diciembre de 1993 los riojanos dejaron de ser mansos. O tal vez, nunca lo fueron. Sólo estaban recostados en la previsibilidad que les otorgaba ser parte del Estado. Pero aquel día todo explotó. El ajuste neoliberal de Carlos Menem, metiéndose por la hendija de un conflicto personal entre Arnaudo y Cavallo, hablaba en modo rumor del “pase a disponibilidad” de 10 mil empleados públicos. La “ley ómnibus” 5.293, escrita en Buenos Aires y aprobada por la legislatura provincial, que también incluía una reforma previsional y tributaria, planteaba achicar las plantas públicas provinciales y, por supuesto que La Rioja, debía ser el faro.
Aquella fatídica mañana el rumor le ganó a la paralización comunicacional del gobierno que decidió fingir demencia antes que aclarar que los salarios más altos del país iban a dejar de serlo, y unos 5 mil empleados se volcaron a las calles en una procesión marcada por la furia, con pancartas, carteles y con la vehemencia del líder sindical más representativo de aquel momento. Lito Asís, secretario general de ATP, representaba cabalmente la bronca de quienes, por primera vez, veían en peligro sus días apaciguados, sus tardes en la vereda, sus siestas para el descanso y sus vacaciones familiares. Se ponía en juego, no ya un salario, sino una forma de vida, la única conocida.
El estado de alerta previo al 9 de diciembre, se convirtió en una redada que terminó rompiendo y quemando la puerta más importante y poderosa de la provincia. Los empleados lograron torcer el cordón policial liderado por su jefe, “Pica” Portugal quien logró controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran por el resto del templo gubernamental.
La marcha, ilustrada por una camioneta incendiada, no quedó ahí. En los días posteriores la rebelión de los trabajadores y de la multisectorial contra el ajuste menemista, siguió con tal contundencia que comenzó a replicarse en otras provincias, como en Santiago del Estero, por ejemplo. Fue tal la presión popular que el gobierno nacional, fiel a su pragmatismo político, tuvo que dar marcha atrás con la medida.
El gobernador Arnaudo, muy debilitado, continuó su disputa con Cavallo lo que generó el atraso salarial y el consecuente fracaso electoral. Angel Maza, el entonces secretario de Minería de la Nación, con el aval político de Eduardo Menem, apareció como un referente desconocido para la política riojana, y desde el sub lema «Frente de la esperanza», se alzó con la gobernación.
Por eso, el Riojanazo, fue mucho más que una protesta social por un puesto estatal. Es una bisagra que establece hasta hoy, un estado de alerta permanente entre los trabajadores públicos. Es también, la consagración del salario como un bien cultural, que permite diseñar una vida pacífica y ordenada. Además, es la demostración del carácter de un pueblo que elige la tranquilidad como modo de vida, pero que, a su vez, resguarda en su carácter el enojo silencioso como bien colectivo en vigilia permanente.
En el contexto actual, el Riojanazo cobra más vigencia que nunca. El gobierno nacional, que es mucho más que un gobierno liberal noventista, sino más bien un fascismo avalado por la democracia, echó a más de 60 mil empleados públicos nacionales y provocó casi 300 mil despidos en le sector privado. Mientras tanto, Martín Menem se contradice diciendo que no hay que echar a nadie, exigiendo, a la vez, que haya menos empleados públicos. En La Rioja, ya son más de 200 las personas que perdieron su trabajo bajo jurisdicción nacional. Por su parte, el gobierno provincial prioriza el pago de sueldos y la fuente laboral, con un gobierno nacional que lo asfixia, fiel a su estilo autoritario, sólo por pensar diferente.
